Hoy en día la participación femenina en el ámbito laboral y en la economía se ha incrementado considerablemente, y gracias a ello han surgido una serie de medidas encaminadas a proteger los derechos de las mujeres trabajadoras, quienes además deben desempeñar, en algún momento, ese rol sagrado de dar vida y dejar de ser mujer trabajadora para convertirse en madre trabajadora.
Aunque considero que el tener un trabajo no debiera ser un impedimento para ser madre, así como ser madre no es un impedimento para trabajar, lamentablemente la realidad dista mucho de este argumento, pues, por un lado, están las políticas laborales actuales que intentan proteger la maternidad y la paternidad, garantizando la estabilidad en el trabajo de los progenitores hasta que el niño cumpla el primer año de vida; y por otro, se encuentra la resistencia de algunos malos empleadores que consideran que el ejercicio de ese y otros derechos, como el uso del horario de lactancia, son un exceso de privilegios y un abuso por parte de las madres trabajadoras.
Es más, ni siquiera las madres “desempleadas” se salvan de asumir el elevado costo que conlleva la crítica ignorante y malintencionada sobre el pago del Bono Juana Azurduy de Padilla, que ha sido catalogado por sus detractores como “un buen negocio” por tratarse de un beneficio económico para las mujeres gestantes que no cuentan con empleo formal ni con un seguro de salud, no obstante su finalidad última es la de institucionalizar el parto y garantizar el control médico prenatal y del recién nacido.
A pesar de ello, es evidente que el Estado debe continuar trabajando con la más firme intención de seguir implementando estrategias en materia de justicia social que permitan reducir la exclusión alimentaria y reconocer que todas las madres trabajan tanto fuera del hogar “formalmente” como en sus domicilios, realizando diversas tareas domésticas no remuneradas que hacen a la economía del cuidado.
En este entendido, es menester destacar el anuncio del Presidente sobre la posibilidad de universalizar los paquetes de subsidio para todas las mujeres bolivianas que se encuentran en estado de gestación y en etapa de lactancia. Estoy segura de que existe gran expectativa en la población en general, pero aún más entre las autoridades de salud pública respecto al tipo de impacto que generará la puesta en vigencia de esta medida, en tanto contribuiría a reducir los índices de mortalidad neonatal por bajo peso al nacimiento, así como a la erradicación de la desnutrición infantil crónica, al constituirse en el primer soporte nutricional que reciban las futuras generaciones de bolivianos y bolivianas saludables, cuyas capacidades intelectuales generarán el máximo desarrollo económico que nuestra patria anhela.
