Luego de cuatro meses de negociaciones entre el Gobierno griego, que asumió a fines de enero, y la denominada troika —Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE)— para extender y acceder a los recursos disponibles del programa de rescate que le fue otorgado a Grecia en 2010 y 2012 por un total de 240.000 millones de euros, las partes no llegaron a un acuerdo.
El último plan de medidas de ajuste presentado por el Gobierno heleno para equilibrar sus finanzas y hacer frente a la elevada deuda pública, equivalente al 180% de su PIB, no fue aceptado por los acreedores, por considerar que las medidas propuestas serían insuficientes para generar un superávit fiscal sostenible, y solicitaron un nuevo plan con mayores ajustes. Cabe recordar que la elevada deuda pública griega es resultado de la aplicación de medidas populistas insostenibles que generaron déficits fiscales continuos durante varios años.
Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, el Gobierno de Alexis Tsipras convocó a un referéndum, que hoy se celebra, para que la población griega se pronuncie sobre aceptar (Sí) o no aceptar (No) las medidas de ajuste que le exige la troika. La convocatoria a este plebiscito tomó por sorpresa a los acreedores y a los países de la Unión Europea, que confiaban en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, y generó que el BCE determinase no extender la línea de fondos de emergencia que ha permitido a los bancos griegos atender el creciente retiro de depósitos por parte de la población, que entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 ha retirado 40.000 millones de euros de sus cuentas.
Debido a la determinación adoptada por el BCE, el Gobierno griego, a fin de evitar una mayor salida de depósitos de los bancos, decretó su cierre por la toda la semana que concluye, limitó los retiros en cajeros automáticos a 60 euros por persona y por día, y prohibió las transferencias al exterior.
Al no haber llegado a un acuerdo con sus acreedores, Grecia no ha podido acceder al saldo disponible de los recursos del plan de rescate, por lo que ha incumplido con el pago que debía hacer al FMI el martes por 1.600 millones de euros, día en el que también feneció el plazo para poder acceder a ese saldo disponible.
Durante la semana que concluye el Gobierno heleno ha hecho campaña para que la población griega se manifieste por el “No”, bajo el argumento de que fortalecería su capacidad de negociación frente a los acreedores en una próxima ronda. Sin embargo, durante la semana también, Tsipras presentó un nuevo plan de medidas de ajuste que se acercaría al exigido por los acreedores, lo que muestra las contradicciones y poca seriedad del Gobierno heleno.
Dicho plan fue rechazado por los acreedores, que han manifestado que no negociarán sino una vez se conozcan los resultados del referéndum.
El Gobierno griego ha puesto a la población frente a una complicada situación, porque si gana el “No” podría significar la salida de Grecia de la eurozona, lo que en el inmediato plazo implicaría que las medidas de controles de capitales se extiendan hasta que se emita una propia moneda griega, que seguramente surgiría muy depreciada frente al euro, con las consecuencias que todo ello significa; y si gana el “Sí”, tendrán que enfrentar mayores ajustes a los que ya han enfrentado, resultado de los cuales el PIB griego se ha reducido en 25% en los últimos cinco años y el desempleo se encuentra en el 26% actualmente.
