Para las personas que tienen alguna discapacidad física, el transitar por las calles de las ciudades del país resulta toda una odisea, pues, a pesar de que varias leyes, nacionales y municipales, ordenan a las autoridades y a las instituciones privadas implementar medidas que faciliten su circulación, en la práctica estas adecuaciones rara vez se cumplen.
Por caso, días atrás, en un recorrido por El Alto, La Razón pudo constatar que en la segunda urbe más poblada del país las personas con capacidades diferentes deben sortear un sinfín de dificultades para caminar y/o poder transportarse de un lugar a otro. Esto debido a la ausencia de rampas de acceso en las aceras y edificios, así como por la falta de espacios adecuados en el transporte público.
De acuerdo con los ciudadanos que deben lidiar cotidianamente con estos obstáculos, los lugares más difíciles para transitar están en las zonas alejadas, donde no existen aceras, ni vías asfaltadas, ni plazas de concreto y mucho menos rampas para quienes usan sillas de ruedas o muletas. Y lo propio ocurre en los sitios donde se congrega un gran número de comerciantes y/o vehículos, como en la Ceja, pues, además de las dificultades propias de las grandes aglomeraciones, la existencia de vías en mal estado (con baches, adoquines deteriorados, zanjas abiertas y bocas de tormenta quebradas) es algo corriente en esos centros; deficiencias que ponen en riesgo su salud e incluso su vida.
Ahora bien, esta vulneración de los derechos de todas aquellas personas que adolecen de alguna limitación física también se presenta al momento de realizar algún trámite y en actividades cotidianas como estudiar, pues ninguna de las instituciones públicas asentadas en El Alto (ni locales, nacionales o departamentales) cuenta con rampas y/o ascensores en sus oficinas. Y lo propio ocurre con la mayoría de los establecimientos educativos, tanto universitarios como del nivel básico y secundario.
Por si todo ello fuera poco, los casos de intolerancia que deben enfrentar las personas que tienen dificultades auditivas en acciones cotidianas como comprar un producto, solicitar un documento o subirse a un minibús son más frecuentes de lo que se piensa. Y es que son muchos los ciudadanos y los funcionarios que no hacen el esfuerzo por comprender el lenguaje que utilizan para comunicarse. Intolerancia que a veces puede traducirse en actos de violencia. De igual manera no son pocos los conductores que no respetan las normas en favor de los transeúntes, tengan o no capacidades diferentes.
Por todo ello, además de adoptar medidas para efectivizar las leyes que existen en favor de las personas con discapacidad, urge promover una mayor empatía entre los ciudadanos para que tomen conciencia sobre los problemas que este sector de la población debe enfrentar todos los días.
