La historia del Estatuto Autonómico de La Paz no augura grandes transformaciones en la gestión del gobierno autónomo del departamento. A la falta de debate público durante la elaboración del proyecto que luego fue aprobado por el Legislativo departamental se suma ahora, a poco más de un mes del referéndum en el que se aprobará o rechazará, su casi nula difusión.
Si bien es cierto que las organizaciones sociales y cívicas oficialmente registradas para hacer campaña en torno a las opciones del referéndum del 20 de septiembre anunciaron días atrás su cronograma de “socialización” del Estatuto departamental paceño, cabe preguntarse si será tiempo suficiente para que la población realmente valore lo que está en juego.
El plazo para el proceso de divulgación anunciado por las organizaciones y miembros del Legislativo departamental se parece más al necesario para una campaña proselitista que para una auténtica “socialización”. Si a esto se le añade el dato de que 26 de 35 instituciones registradas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), es fácil imaginar que el resultado en las urnas servirá más como una legitimación del alcance del partido en función de gobierno que como aprobación de la norma que conducirá a los departamentos a ejercer plenamente su autonomía.
En el caso particular de La Paz, abona al desconocimiento de la norma cuya vigencia será consultada dentro de cinco semanas el hecho de que, por un lado, durante la gestión del anterior gobernador, pese a haberse ejecutado el trabajo de elaboración y aprobación del Estatuto Departamental, no se previó ni los mecanismos ni mucho menos el presupuesto necesarios para someter la propuesta a referéndum o, siquiera, darla a conocer a la ciudadanía.
El nuevo gobernador manifestó su rechazo al señalado Estatuto ya desde la campaña electoral, y ha actuado en consecuencia: no apoya los procesos que buscan dar a conocer la norma (de hecho, alguna legisladora departamental lamentó que no se les deje usar salones de la Gobernación). Pero tampoco promueve un debate en el que se discuta lo bueno y lo malo de la propuesta, y el resultado será que tendrá la obligación de implementar un Estatuto totalmente en contra de su voluntad, con el previsible costo en materia de construcción de institucionalidad.
Es irónico, pues, que hoy el MAS aparezca como abanderado del proceso autonómico; así como que algunos de sus más entusiastas defensores hoy parezcan poco interesados en favorecer el tránsito total al modelo de gobierno que transfiere gran parte del poder a los departamentos y municipios. Lo peor de todo es que, independientemente de las voluntades de los agentes políticos en juego, el proceso ya está en marcha y en 35 días acudiremos a las urnas, y ya se sabe que una norma sin consenso provoca anomia.
