En varias regiones del norte de La Paz, frontera con Perú, la explotación ilegal de oro no solamente está destruyendo uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, sino que además ha creado una zona donde impera el caos, la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando; en suma, un lugar donde el Estado brilla por su ausencia.
En efecto, días atrás la Defensoría del Pueblo advirtió que en los municipios de Mapiri, Teoponte y Suches, donde se han asentado miles de cooperativistas en busca del precioso metal, existen lenocinios que explotan sexualmente a adolescentes provenientes principalmente del Beni, quienes llegan hasta ese lugar atraídas con la falsa promesa de un empleo bien remunerado, pero también de manera coercitiva. Según la Defensoría, en esta cadena de trata y tráfico participan agencias de empleo, que engañan a las adolescentes de escasos recursos ofreciéndoles oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en experiencias de terror.
Ese fue el caso de una muchacha beniana de 16 años que fue contactada para trabajar en una pensión, pero al final terminó siendo explotada sexualmente, según relató a La Razón el Director de radio Larecaja en Guanay. De igual manera, en 2014 una madre denunció a la Defensoría que su hija de 13 años fue llevada hasta Teoponte por un minero para trabajar como cocinera, pero terminó convirtiéndose en una víctima más de la violencia sexual.
Esta realidad no es desconocida por las autoridades locales ni tampoco por las fuerzas del orden. Por caso, el Alcalde de Mapiri confirmó a este diario que existen “indicios” sobre la presencia de menores que estarían siendo explotadas sexual y laboralmente en ese municipio. Pero como la Alcaldía no ha recibido denuncias concretas al respecto, aún no se han tomado cartas en el asunto. No obstante, agregó el burgomaestre, tienen planeado organizar, junto a la Intendencia, inspecciones a los lenocinios que están en la capital y también en los campamentos auríferos, muchos de los cuales funcionan de manera transitoria. A su vez, el Director de la FELCC de La Paz confirmó que tienen información sobre la existencia de “lenocinios en centros auríferos, en la frontera entre Perú y Bolivia”, donde las mujeres bolivianas estarían siendo explotadas sexualmente.
A pesar de estos antecedentes, las autoridades no han logrado poner un alto a la minería informal que impera en esa y en otras regiones del país, una actividad que se da al margen de la ley, que no tributa, que destruye el patrimonio natural de todos los bolivianos y que ha creado zonas donde la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando son moneda corriente. Urge, en este sentido, asumir la erradicación de la minería informal como una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, los intereses particulares y la politiquería.
