El mundo recuerda hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha cuando se condena el aberrante delito de la desaparición de personas por parte de agentes del Estado. Aunque en Sudamérica la desaparición forzada de personas es comúnmente asociada con las dictaduras del siglo XX, se trata de un delito que aún se comete en todo el mundo.
En efecto, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), solo en el último año las instancias de esa organización recibieron 246 solicitudes presentadas por familiares en todo el mundo para que se actuara de manera urgente, cifra que, según su secretario general, “representa tan solo una mínima parte de los miles de casos que nunca se denuncian por las condiciones de seguridad o porque se desconoce la existencia de mecanismos internacionales que pueden servir de ayuda”.
El principal instrumento para proteger a las personas de la desaparición forzada es la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas —de la cual el Estado boliviano es signatario desde 2011—, que afirma “el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin”.
En Bolivia la desaparición de personas es una tragedia que tuvo su peor momento durante las dictaduras entre 1964 y 1982, la víctima más conspicua es Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre todo porque en las últimas semanas se han conocido indicios sobre el destino de sus restos. Mas no es el único caso, y cientos de familias todavía reclaman el derecho a conocer qué pasó con sus seres queridos.
Precisamente por ello, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) presentó el viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. La organización aseguró que el texto entregado a la presidenta de la Cámara de Diputados es fruto de un amplio consenso entre todas las organizaciones de la sociedad civil que promueven la búsqueda de justicia y reparación por los crímenes de la dictadura.
Existe generalizado consenso en torno a la idea que aquellos países que no han hecho suficientes esfuerzos por descubrir la verdad de sus peores momentos siguen en deuda con las víctimas y la sociedad, que allí donde no se ha satisfecho la demanda de justicia la democracia no está verdaderamente completa y, sobre todo, que no hay forma de ocultar para siempre a quienes se ha desaparecido ni mucho menos acallar a quienes los buscan. Con esta ley, el Estado tiene una gran oportunidad de ponerse a tono con sus más grandes postulados principistas.
