Pese a la promulgación de la Ley 389 en julio de 2013, que sanciona por primera vez la trata y tráfico de personas y ordena establecer una unidad policial y juzgados especializados en combatir estos delitos, los crímenes de esta naturaleza, lejos de disminuir, se están incrementando significativamente en todo el territorio nacional, y en particular en las zonas fronterizas.
Por caso, según advierte el último reportaje de Informe La Razón, en Tarija las denuncias de trata y tráfico de personas pasaron de 15 en 2013 a 52 en la gestión pasada, es decir que se han más que triplicado. En el ámbito nacional esta tendencia se repite, ya que, según datos del Ministerio Público, entre 2008 y 2013 se registraron 1.759 denuncias por este delito; sin embargo, solamente el año pasado las denuncias sumaron 812 casos. De regreso a Tarija, la mayor parte de las denuncias se registraron en Yacuiba, Bermejo y Villa Montes, pues se trata de municipios fronterizos que están al lado de uno de los países en los que el delito de trata se halla bastante extendido. Por ejemplo, según un informe del Programa Nacional argentino de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por la Trata, solamente en el primer semestre de este año se rescataron a 631 víctimas de este delito, y más de la mitad (361) eran ciudadanos bolivianos.
Por lo general, las víctimas de trata de sexo femenino (niñas, jóvenes y adolescentes) trabajan ad honórem como empleadas domésticas, siete días a la semana y hasta 14 horas por jornada, pero también son víctimas de violencia sexual. Mientras que los varones son explotados en sectores relacionados con la agricultura y la industria. Y por las noches duermen hacinados en habitaciones minúsculas e insalubres, alimentándose precariamente. En este mundo de horror las agresiones físicas y psicológicas son algo corriente, pues constituyen una estrategia para doblegar la voluntad de las víctimas y evitar que escapen.
Además de explotación laboral y sexual, no sobra recordar que no son pocas las víctimas de trata que terminan siendo asesinadas para alimentar el mercado negro del tráfico de órganos. Por caso, entre diciembre de 2014 y enero de 2015 fueron hallados dos cadáveres de mujeres en Bermejo con signos de haber sido víctimas de tráfico de órganos, según denunció a La Razón a principios de año la presidenta de la Asamblea Permanente de DDHH en Bolivia; a tiempo de recordar que entre agosto y diciembre de 2014 desaparecieron ocho jóvenes cuya edad promedio era de 22 años, y se presume que ellos también fueron víctimas de un red de tratantes.
Estos datos son una llamada de atención que debería impulsar a la sociedad en su conjunto a organizarse contra este siniestro negocio, capaz de comprar conciencias y favores en todos los niveles, y que por amor al dinero no discrimina entre clases sociales ni entre niños o adultos.
