El Informe Global de Competitividad (IGC) 2015, elaborado para el Foro Económico Mundial por la prestigiosa escuela de negocios INCAE, sitúa a Bolivia en el puesto 117 de 140 naciones, lo que representa un descenso de diez posiciones con relación al ranking de 2014. ¿Esta nueva posición podría ser sinónimo de un ambiente menos favorable para la inversión privada?
Habida cuenta de la relevancia del dato, y antes de intentar formular una posible respuesta a la interrogante planteada líneas arriba, resulta pertinente realizar un análisis más preciso sobre la metodología aplicada para elaborar el reporte que aquí se comenta; para así tener elementos que permitan una mayor comprensión de los resultados. En este sentido, resulta necesario contextualizar dos elementos fundamentales que hacen al contenido del informe.
Primero, el Informe Global de Competitividad realiza el ranking considerando 12 factores estructurales que explican la competitividad para un determinado país, que son: el funcionamiento de las instituciones, infraestructura y transporte, situación macroeconómica, salud, educación básica y superior, eficiencia y tamaño de los mercados, flexibilidad laboral, profundidad del sistema financiero, profundización tecnológica y sofisticación de los negocios e innovación.
Segundo, la metodología considera además consultas a algunos “informantes clave”, que por el tipo de preguntas, las respuestas pueden contener un alto grado de subjetividad, con el riesgo de obtener en algunos casos conclusiones sesgadas que pudieran restar objetividad a los resultados del informe, y en consecuencia, a la posición del país.
Dados estos dos elementos de análisis, el informe cataloga a Bolivia como poco competitiva, porque existe inseguridad en lo relativo a los derechos de propiedad, la educación primaria es de baja calidad, el mercado laboral es rígido, la transferencia tecnológica es insuficiente, carece de técnicos especializados y aún se deben cumplir demasiados requisitos legales y se deben pagar varios impuestos para iniciar y poner a funcionar un negocio. Sin lugar a dudas, todos estos elementos debieran ser parte de la agenda política de Estado con el propósito de generar un mejor ambiente para la inversión productiva.
El retroceder posiciones en rankings nacionales o internacionales asociados al emprendedurismo, ambiente para hacer negocios, competitividad u otros similares no son buenas noticias, que esperemos no necesariamente se traduzcan en menores flujos de inversión productiva asociada a la creación de empleo estable y tecnificado. Ante esta realidad, es evidente que queda mucho por hacer si se pretende ser un país industrializado, que se sitúe en la primera división de la competitividad, crecimiento y equidad.
