Una investigación del CIES acerca de las actitudes de los funcionarios en las farmacias de la ciudad, acompañada por periodistas de este diario y cuyos principales resultados difundimos el domingo último, muestra una realidad de denigración de las y los adolescentes y, consecuentemente, de negación de sus derechos asociados a la salud sexual y reproductiva.
En efecto, en la investigación dirigida por el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), 16 adolescentes capacitados por esa entidad visitaron 21 farmacias situadas en la zona central de La Paz con el fin de conocer las actitudes de los funcionarios de venta de estos establecimientos cuando los adolescentes pretenden comprar anticonceptivos. Los resultados muestran una realidad desastrosa: en muchos de los establecimientos, las personas a cargo denigraron y faltaron al respeto a los adolescentes con el claro objetivo de impedirles la compra de los anticonceptivos, manifestando una actitud absolutamente contraria a sus obligaciones, en tanto responsables de un servicio de salud, y contraria también a los derechos de los adolescentes.
En Bolivia se registran aproximadamente 246 embarazos adolescentes por día, el 75% de ellos no planificados, según datos de UNFPA. Se trata de muchachas entre 15 y 19 años. Los principales factores son, en primer lugar, la falta de información y educación sexual; en segundo lugar, el rechazo al uso de preservativos o la imposibilidad de obtenerlos y, en tercer lugar, la violencia sexual. En este entorno, ni la familia ni el colegio ofrecen a los adolescentes una guía para el sano desarrollo de su sexualidad.
Por otro lado, aquellas pocas parejas de adolescentes que sí han tenido acceso a la información y educación sexual y han asumido pasos para iniciar una sexualidad responsable deben aún sortear las taras culturales de los vendedores de las farmacias, como ha demostrado la investigación del CIES.
Estamos ante un claro caso de discriminación, tipificado en el Art. 23 de la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Este delito está agravado por la circunstancia de que, al afectar los derechos de los adolescentes, genera un problema de salud pública, al ser un factor que promueve el embarazo adolescente no deseado, y también un problema social, pues está demostrado que las madres adolescentes sufren un enorme retraso en sus posibilidades de superación de la pobreza debido a la prematura carga de criar hijos, para la cual no están preparadas.
El mensaje para la sociedad es claro: debe realizarse más esfuerzos para proveer educación y todos los recursos materiales necesarios para que las y los jóvenes y adolescentes vivan una sexualidad plena y responsable. Esperamos atentos las reacciones de las autoridades llamadas a combatir la discriminación y a proteger los derechos de esos jóvenes.
