Por tercer año consecutivo, el Gobierno anunció la obligatoriedad de pagar un segundo aguinaldo, bautizado con el nombre de “Esfuerzo por Bolivia”, a todo trabajador asalariado que desempeñe funciones en los sectores público o privado. La ejecución de dicha medida se basa en la redistribución de la riqueza como un principio de equidad, dado el buen desempeño económico del país.
Sin embargo, este pago provoca reacciones encontradas en la población. Por un lado, genera satisfacción entre todos aquellos que este año van a recibir un salario adicional en retribución a su esfuerzo laboral. Pero, en contraposición, también genera incertidumbre ante la posibilidad de que desencadene un proceso inflacionario, con lo que al final este ingreso adicional perdería su poder adquisitivo. Ante este panorama, la eficacia del segundo aguinaldo puede ser evaluada desde un punto de vista bueno, malo y feo.
Lo bueno: el aguinaldo adicional es, en esencia, una retribución salarial realizada en un solo pago orientada a reconocer el aporte de los empleados a la generación de excedentes en las empresas donde trabajan. Desde una perspectiva de política-social, es un mecanismo altamente efectivo de inclusión, que incrementa el poder adquisitivo del asalariado que puede destinarse al ahorro y/o hacia un mayor consumo. En el ámbito macroeconómico, el incremento en la capacidad de compra genera una mayor demanda por bienes y servicios, lo que dinamiza la economía en su conjunto.
Lo malo: este beneficio puede generar en el corto y mediano plazo problemas de liquidez y rentabilidad, que en caso extremo puede traducirse en principios de insolvencia, puesto que su obligatoriedad significa postergar o sustituir otros compromisos, como deudas financieras o el pago a los proveedores. En un plazo más largo, el riesgo se traduce en sacrificar inversión de capital. Desde una perspectiva macroeconómica, existe una alta probabilidad de que los índices de inflación se eleven en la medida en que el doble aguinaldo devenga en un mayor consumo, ora se trate de bienes o servicios primarios (tomate, pollos, arroz, pasajes, etc.) ora de secundarios (televisores plasma, celulares, idas al cine, etc.), que al final terminan siendo incorporados en el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).
Lo feo: la medida debería haber sido consensuada y trabajada técnicamente con las partes afectadas antes de su determinación, toda vez que no todos los sectores tienen las “espaldas” necesarias para pagar un segundo aguinaldo, y menos aún de manera inmediata, como es el caso de pequeñas-medianas empresas, entidades de trabajo social u organizaciones sin fines de lucro.
Como conclusión, resulta paradójico que una acción de inclusión pueda tornarse en un elemento de controversia, y que el doble aguinaldo se perciba como un “regalo” antes que como una retribución por un mayor esfuerzo laboral.
