En la mayoría de los países latinoamericanos que padecieron la fiebre de las dictaduras militares patrocinadas por la política imperial de Estados Unidos, se crearon “Comisiones de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación” a la hora de la recuperación democrática. El propósito era impedir que se imponga la impunidad y el olvido sobre los crímenes cometidos en el marco de una sistemática violación de los derechos humanos.
En Bolivia, el periodo señalado va desde el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964 hasta el retorno del régimen democrático en octubre de 1982. Ninguno de los varios intentos por llevar adelante las tareas de esta comisión culminó con éxito, todos quedaron a medio camino.
¿Qué ha transcurrido mucho tiempo? Es cierto. ¿Qué hay que olvidarlo todo y no remover el pasado asumiendo que el tiempo ha borrado las heridas? De ninguna manera. La impunidad no es buena consejera, ni aquí ni en ninguna parte. Crear en Bolivia la Comisión de la Verdad para que cumpla la misión que les es inherente sigue siendo una necesidad imperiosa y perentoria.
Hay una cadena de hechos delictuosos que no se han investigado, permanecen en la más completa oscuridad y sus presuntos autores completamente impunes.
Veamos algunos casos emblemáticos solo por vía de ejemplo: el secuestro tortura y muerte de Luis Espinal en marzo de 1980; el estallido de una granada que causó muertos y heridos en una concurrida marcha política en la avenida 16 de Julio, en junio del mismo año; los casos de desapariciones forzadas durante los regímenes de Banzer y García Meza; la masacre de Todos Santos de noviembre de 1979, con centenares de muertos, heridos y desaparecidos; la ejecución de prisioneros y ocultamiento de sus cuerpos durante la represión a las guerrillas de Ñancahuazú (1967) y Teoponte (1970); las masacres mineras de San Juan (junio de 1967) y mayo y septiembre de 1965.
Existe normas internacionales que cumplir, en muchos casos de forma obligatoria por tener rangos de ley: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes…; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y otros.
Asimismo, está vigente la Resolución 60/147 (diciembre 2005) de la Asamblea General de la ONU que establece el derecho de las víctimas a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y el acceso a la información que se requiera sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.
De la Constitución Política del Estado, del Código Penal y de diversos planes de acción de Derechos Humanos emana también la misma obligación.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el Estado boliviano aceptó la recomendación de crearla y se comprometió a hacerlo. Más aún, en audiencia de 19 de marzo del presente año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Bolivia renovó su compromiso.
Hasta ahora no hay Comisión de la Verdad porque no existe en las esferas gubernamentales voluntad política para crearla. Eso está claro. La pregunta es por qué ocurre esto. ¿Hay compromisos espurios para no tocar determinadas estructuras militares y seguir ocultando la basura debajo de la alfombra? ¿O se trata de un mezquino y deplorable sectarismo de algunos titulares actuales del poder que suponen que la democracia cayó como regalo del cielo y que la historia comenzó con ellos mismos? Vaya uno a saberlo. Quizá ambas cosas juntas.
Es periodista.
