El FMI en los últimos años ha venido insistiendo en forma machacante en que los países para enfrentar crisis económicas, como en el caso de Grecia, deben aplicar reformas estructurales como parte de las condicionalidades que impone para acceder a los préstamos que otorga. Sin embargo, no dice explícitamente qué entiende y cuáles son las reformas estructurales que tanto proclama a los cuatro vientos el FMI.
Por eso me llamó la atención el documento de octubre del FMI sobre Reformas estructurales y desempeño macroeconómico: consideraciones iniciales para el Fondo orientado a “refinar el análisis y la asesoría“ del Fondo en el tema de reformas estructurales. Aparte de basarse en un estudio de “seis casos” exitosos para justificar su receta, incluye un anexo titulado: Definiendo y midiendo las reformas estructurales, el cual empero no define el concepto y solamente se limita a señalar una serie conocida de indicadores en las áreas de desregulación en el sector financiero, liberalización del comercio, reformas institucionales (sistema legal y derechos de propiedad), infraestructura (stock de capital público), desregulación de mercados e innovación.
Al final del estudio, el FMI reconoce que son difíciles de medir las reformas, que no es una guía de cómo asesorar a los países en reformas estructurales y que solo tiene expertos en reformas fiscales y financieras, por lo que me imagino que deja a sus compadres (Banco Mundial, Comisión Europea, BID, etc.), que le den una manito en el resto de las reformas.
Entonces pregunto: ¿por qué obliga el FMI a los países que hagan reformas estructurales como desregulaciones y privatizaciones? Y lo que es más grave, no está en los fines estatuidos del FMI que hoy son los mismos que se formularon en 1944 cuando nació en Bretton Woods. El Artículo I del Convenio Constitutivo del FMI destaca en sus funciones: “consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales”, fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas, corregir “los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional” y, por último, “acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros”.
Resulta que el actual Sistema Monetario Internacional (SMI) está en crisis porque es incapaz de evitar que se acumulen desequilibrios insostenibles en las balanzas de pagos en cuenta corriente y que esto, a su vez, crea un sesgo contractivo: los países con superávit no tienen incentivo alguno para realizar ajustes, mientras que los países con déficit se ven forzados a hacerlos. Además, para el Banco de Pagos Internacionales, el SMI tiende a aumentar el riesgo de desequilibrios financieros, es decir, “la expansión insostenible del crédito y de los precios de activos que sobrecarga los balances y que pueden causar crisis financieras y perjuicios macroeconómicos graves”.
Por tanto, el FMI debería dedicarse a los desequilibrios de balanza de pagos, inestabilidad cambiaria, desequilibrios financieros, y, en especial, a prevenir las crisis financieras y atenuar los efectos de contagio de EEUU y China, en lugar de meterse en áreas que no le compete, puesto que como manda su Artículo 1: “El Fondo se atendrá en todas sus normas y decisiones a los fines enunciados en este artículo”. Habría que llevarlo a la Corte de La Haya.
