Investigado por la misma Contraloría General del Estado, el caso de corrupción en el Fondo Indígena ha alcanzado dimensiones impensables. Fue liquidada la anterior entidad, renunciaron por este escándalo la ministra Nemesia Achacollo y el embajador Rosendo Alpire, y uno a uno empiezan a caer legisladores y dirigentes indígenas y campesinos implicados en actos de corrupción.
La semana pasada coincidió la detención preventiva de la exministra de Justicia Julia Ramos, dirigente de las mujeres campesinas, con las de Melva Hurtado, líder de la CIDOB, y del representante de los campesinos Reymi Vera, además de los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, con medidas sustitutivas.
La trascendencia de las actuaciones judiciales radica en que, ahora, el caso alcanza a mandos indígena originario campesinos afines al MAS, incluso a legisladores oficialistas otrora representantes de movimientos sociales. Es decir, toca a la base social del Gobierno que apuntaló su “proceso de cambio” desde antes de 2005, cuando Evo Morales fue elegido como el primer presidente de origen indígena campesino.
Aunque voces de la oposición y algunos medios reclaman la acusación contra Achacollo, cabeza del área vinculada al Fondo Indígena, el caso en sí mismo es un campanazo a las estructuras del oficialismo, que deberá sacudirse por salir airoso de uno de los escándalos más grandes en los últimos años, caiga quien caiga, como insistiera el mismo Presidente. Además genera serias fisuras en la credibilidad del movimiento indígena originario campesino, calificado antes por Morales como la “reserva moral”, que en este proceso político juega un rol importante.
Si bien el caso implica indirectamente al Gobierno, su responsabilidad real radica en la delegación, sin mecanismos de control adecuados, de la gestión de recursos de los hidrocarburos a un estamento político-social sin la institucionalidad de la administración pública, como son los movimientos sociales, por un lado, y las gobernaciones, alcaldías y universidades, por otro, las otras beneficiarias de esos recursos. Por eso se entiende la transferencia de millones de bolivianos a cuentas particulares, las obras mal ejecutadas o la inexistencia de proyectos.
La Contraloría ha descubierto un daño de Bs 71 millones destinados a 153 proyectos inconclusos o inexistentes. Tras la intervención de la entidad se estableció la existencia de 38 proyectos “fantasma” y un daño de Bs 24,5 millones, sin considerar aún las investigaciones del Ministerio Público. No es posible concebir que el caso quede impune. Hay mucho por descubrir en el afán de recuperar los recursos del Estado usados de manera arbitraria. El Gobierno tiene la obligación de exigir que el Órgano Judicial contribuya a la lucha contra la corrupción, y los movimientos sociales, de recuperar esa condición de “reserva moral” maltrecha por culpa de algunos dirigentes.
