Al año mi hijo entra a la prepromoción, pero nos han dicho que el colegio se va a cerrar, él tiene a sus amigos, sus profesores, en ese colegio”. Es la voz preocupada de una mamá que deja trascender la tristeza y sorpresa con que ha recibido, al final de la gestión, la confirmación de cierre del colegio donde estudian sus hijos, la más pequeña de 10 y el segundo de 16 años.
Otros padres protestan en las puertas de otro colegio también particular donde recientemente les anunciaron el cierre del establecimiento. “Busquen otro colegio”, les dijeron, a tiempo de entregarles una lista de centros educativos cercanos. En ambos casos los propietarios arguyen contratiempos económicos originados en el pago de 13 salarios (como todas las empresas), el doble aguinaldo y la mora en el pago de pensiones.
Lo que no dicen es que estos problemas derivan de una mala administración y las consecutivas faltas al reglamento que rige la actividad educativa. El año pasado cerraron dos colegios, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, bajo los mismos argumentos. Según información del Ministerio de Educación, en todos los casos los establecimientos fueron sancionados en diferentes oportunidades por diversas causas, entre ellas el aumento de pensiones no autorizado, maltrato al estudiante o incumplimiento de becas. Las penalidades comenzaron con una llamada de atención, ante el desacato siguió el cobro del 5% de sus ingresos y posteriormente el 10%.
Los colegios que se cierran dejan entre 500 y 800 estudiantes en la disyuntiva de no saber dónde continuar sus estudios el año que viene. A esta altura no es tan sencillo encontrar un espacio en el que puedan ejercer su derecho de acceso a la educación establecido en la Constitución Política del Estado. Es verdad que los colegios particulares son empresas privadas, y como tal pueden cerrar si sus posibilidades ya no les permiten continuar, pero al menos deberían cumplir con lo que dicta la norma: anunciar a media gestión si decidieron terminar con su función. Claro que esto es insuficiente, más aún si uno se pone en los zapatos de los padres, quienes en pleno diciembre están en las puertas cerradas de los colegios que decidieron ya no abrirlas en 2016.
El cierre de un colegio, aunque se trate de una empresa privada, debería ser visto como algo más que el fin de un negocio que ya no rinde monetariamente, en tanto perjudica el pleno desarrollo del principal capital social del país, como son los niños y jóvenes. Es verdad que encontrarán otro establecimiento, otras aulas, otros profesores y harán otros amigos, porque finalmente todos terminan por adaptarse a lo nuevo, pero no se logrará visualizar el verdadero quiebre emocional, las rupturas que se producen cuando hay cambios intempestivos en la vida de niños y adolescentes.
