Las elecciones a la Asamblea Nacional el domingo en la República de Venezuela marcan un hito en su democracia y un giro en la política de ese país. Por primera vez en 17 años, luego de sucesivas derrotas en las urnas, la oposición obtuvo una amplia victoria electoral. Y reafirmó lo que esa misma oposición cuestionaba: la solidez del sistema automatizado de votación.
Los comicios legislativos en Venezuela se realizaron en un contexto de inflación y crisis, calificado por el Gobierno venezolano como “guerra económica”. Pese a bullas, como las del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que auguraban un proceso fallido, la jornada de votación transcurrió en completa normalidad, sin incidentes de violencia. Así, con un alto nivel de participación (el 74,25% de los electores asistieron a las urnas, esto pese a que en Venezuela el sufragio no es obligatorio) la ciudadanía desmintió los prejuicios existentes contra el sistema electoral venezolano.
Desde la inaugural victoria electoral, en 1998, del extinto presidente Hugo Chávez, se realizaron 19 procesos electorales y referendarios en Venezuela. Nada menos. Todos ellos fueron cuestionados por la oposición política, que se negó sistemáticamente a reconocer los resultados, acusándolos de fraude. Hasta que el domingo pasado ganó la Mesa de Unidad Democrática (MUD), obteniendo dos tercios de asambleístas. El presidente Maduro admitió rápidamente su derrota.
Los históricos comicios del 6 de diciembre marcan un punto alto en la democracia venezolana. Finalmente, todas las voces coincidieron en declarar que el sistema automatizado de votación es seguro y está “blindado”. Los cuestionamientos tienen que ver con otros aspectos del proceso electoral, como las características de la campaña electoral y el denominado “ventajismo oficial”. Pese a la demora en la difusión oficial de resultados “irreversibles” por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, se ratificó también la confianza en la transmisión y totalización de resultados.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿qué implica la incuestionable victoria electoral de la oposición y, más todavía, que haya obtenido 112 de los 167 diputados (mayoría calificada)? Significa que desde el 5 de enero de 2016, cuando se instale la Asamblea Nacional de Venezuela, habrá “gobierno dividido”. Desde el Poder Legislativo, la oposición podrá revisar tratados internacionales como Petrocaribe, intervenir leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente, remover a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aprobar leyes sustantivas e incluso convocar un referéndum revocatorio. Es probable que el enfrentamiento sea más fuerte que los incentivos para pactar.
