Dos mil quince debería haber sido un año bueno por ser impar, pero fue muy difícil, por un entorno global adverso para los precios de nuestros productos de exportación. En el año que termina confluyeron una fase débil del crecimiento económico mundial y el inicio de una fase de endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, con un dólar fuerte y el aumento, tarde o temprano, de la tasa de interés del primer banco central del mercado global financiero, el Fed.
Pese a este entorno difícil, la buena noticia fue que la economía boliviana continuará creciendo a una tasa cercana al 5%, en un contexto donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima una caída de la actividad económica de América del Sur para 2015 de 1,3%, arrastrada principalmente por la contracción de Brasil en 2,8%, por lo que Bolivia será la economía con la más alta tasa de crecimiento del PIB de la región.
Esta caída en América Latina se debe a “la debilidad de la demanda interna, un entorno global caracterizado por el bajo crecimiento del mundo desarrollado; una importante desaceleración en las economías emergentes, en particular China; el fortalecimiento del dólar y una creciente volatilidad en los mercados financieros, y una importante caída de los precios de los bienes primarios”, según explica un informe de la CEPAL.
La mala noticia es que por primera vez, desde la crisis de 2009, Bolivia registrará la caída en más del 30% del valor de sus exportaciones, en un entorno en que, de acuerdo con la CEPAL, las exportaciones de los países de América del Sur declinarían, por tercer año consecutivo, en 21%, como consecuencia de la caída en los precios de las materias primas y una menor demanda internacional. Así, “esto convierte al trienio entre 2013 y 2015 en el de peor desempeño exportador de la región en ocho décadas” (ibídem).
La fea noticia fue la corrupción en el Fondo Indígena, creado por DS 28571 de diciembre de 2005, que entre sus fuentes de financiamiento tiene el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Este daño económico al Estado se da en un contexto donde, según el proyecto de presupuesto general, se estima que los ingresos por IDH disminuirán en 30% el próximo año. Si bien el DS 2493, de fines de agosto, creó el Fondo de Desarrollo Indígena y ordenó la liquidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, la corrupción detectada es un golpe bajo a la participación indígena en la gestión de los recursos generados por el sector estratégico de hidrocarburos y por el feo destino del excedente económico, en un contexto de caída de los ingresos por concepto de IDH.
El caso del Fondo Indígena, que se da en un entorno global de corrupción liderado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y que no se escapa ni el Vaticano, es una evidencia de que la corrupción no era solo inherente al modelo neoliberal ni a una etnia, sino que es parte de la estructura burocrática del Estado y su modo de articulación con los actores sociales, sean empresarios o movimientos sociales.
Es muy importante diferenciar la organización económica comunitaria establecida en la Constitución Política del Estado de la noción difusa de movimientos sociales. La comunidad indígena ancestral tiene sus órganos comunales y una estructura organizada y de control, cuenta por ejemplo con un Libro de Actas, donde registra todos los hechos y actos de las autoridades comunales. En cambio, las asociaciones indígenas son contemporáneas, no tienen estructuras formales ni menos registro y control de sus actos. ¿No sería mejor destinar los recursos del IDH a las comunidades indígenas?
