Debe ser el caso más complicado, incómodo y vergonzoso para el Gobierno y sus bases en los últimos años, que a un poco más de dos meses del referéndum constitucional deben lidiar con el zumbido permanente de sus implicaciones. El desfalco millonario del otrora Fondo Indígena está arraigado en la agenda de los medios de información y es asunto de vital estrategia para la oposición de la administración de Evo Morales.
Ha salpicado a sus principales aliados políticos y sociales, y está nublando poco a poco los muchos éxitos de casi diez años de gestión. Y puede significar un factor gravitante en los resultados de la consulta del 21 de febrero de 2016, que deberá definir la modificación o no de la Constitución Política del Estado para la habilitación o no del presidente Morales y del vicepresidente Álvaro García a una nueva repostulación con miras a los comicios de 2019.
Su particularidad radica en que este caso de corrupción alcanza a la base social más sólida del oficialismo después de los cocaleros, mineros o cooperativistas: el movimiento indígena originario campesino, representado por el Pacto de Unidad.
En el tiempo de las especulaciones, investigaciones y develaciones, el expediente Fondo Indígena ha tocado las esferas altas de los aliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), de exautoridades y legisladores de este partido, y no deja de acosar a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la cabeza de área del fondo creado en la Ley 3058, de Hidrocarburos, de 2005. Además de dirigentes medios y directivos del Fondo Indígena, las principales implicadas que guardan detención preventiva son la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos y la secretaria ejecutiva de la oficialista Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado.
Tres elementos cruciales se desprenden de este hecho de corrupción velado inicialmente por la Contraloría General del Estado y difundido por los medios de información: ha puesto en serio riesgo la alianza del movimiento indígena originario campesino del país con el Gobierno, por las implicaciones en el caso de algunos cuadros orgánicos, calificados de “chivos expiatorios”; ha desnaturalizado la “reserva moral” y la condición del movimiento que tanto propugnó Morales y que se ganó el respeto y la adhesión en los ámbitos nacional e internacional, y ha desportillado la fe del Gobierno sobre la lucha contra la corrupción y el éxito en algunas áreas de su gestión, que puede tener consecuencias en el referéndum de 2016.
Con todo, el caso del Fondo Indígena no es un asunto desdeñable para las disputas electorales. La oposición del MAS no deja de citarlo en su arremetida contra el Gobierno y éste pretende capitalizar el hecho para mostrarse inclemente contra la corrupción en vista de la detención de una veintena de personas de su círculo político y social.
Hablar del tema siempre va a tener connotaciones electorales. Es menos complicado para los detractores del oficialismo, aunque de tanto insistir en el caso puede ayudar a desempolvar viejos hechos de corrupción “de la derecha”, como ya reaparecieron a través del ministro Juan Ramón Quintana. El Gobierno, interesado en la repostulación, tiene un panorama más complejo en el asunto: mientras más se vea involucrado, por las investigaciones o las denuncias de su parte, está en riesgo de ahondar su crisis de credibilidad y, por tanto, su continuidad en 2020.
