La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas y la encargada de decidir, conforme al Derecho Internacional, las controversias de orden jurídico entre Estados. Si bien la CIJ no es una corte de justicia ambiental, ha resuelto algunos casos sobre vulneración de derechos ambientales. Tal vez la controversia más conocida atendida en los últimos años por ese tribunal internacional ha sido la construcción de una planta procesadora de celulosa en el río Uruguay, que enfrentó a Montevideo y a Buenos Aires. En ese caso la CIJ falló a favor de Argentina. Pero hay muchos otros, por ejemplo sobre los recursos del medio marino (Nicaragua contra Colombia o Perú frente a Chile) o por los fosfatos (Nauru contra Australia).
El primer conflicto claramente medioambiental que tuvo que dirimir la CIJ fue en 1997, cuando resolvió que Eslovaquia y Hungría respetaran sus compromisos internacionales adquiridos para construir sobre el Danubio las represas de Gabcikovo y Nagymaros, respectivamente, por sus repercusiones no solo económicas sino medioambientales. Casualmente ése es uno de los fallos más importantes de la Corte de La Haya sobre la noción de obligación de negociar, parte del fundamento en el que se basa la demanda marítima boliviana contra Chile.
También fue emblemático el caso conocido como Ensayos Nucleares en los 70. Los argumentos esgrimidos por las partes durante ese proceso han contribuido al desarrollo del Derecho Internacional, pero también han mostrado las limitaciones de la CIJ para abordar los problemas ambientales, por su relación directa a temas de soberanía e integridad territorial.
Entre 1993 y 2006 la CIJ estableció la Cámara de Asuntos Ambientales como una sala especializada y una manera de desarrollar un razonamiento jurídico sobre el tema ambiental. Esta cámara se cerró en 2006 y no se ha vuelto a abrir; empero, es una muestra de las posibilidades que tiene la CIJ para tratar el tema.
Otras cortes como el Tribunal Internacional de Derechos del Mar o la Corte Permanente de Arbitraje han recibido cada vez más procesos que tienen que ver con derechos ambientales. Hace poco se dio a conocer la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional contra la empresa Monsanto por “ecocidio”, término de difícil definición jurídica y con muchos riesgos también jurídicos en su aplicación, como ser la falta de determinación de sus alcances y la reiterada necesidad de ejemplos como condición de su comprensión.
Personalmente no creo que la salida sea un nuevo tipo penal, tal vez sea necesario tratar el tema como parte de las preocupaciones de la ONU y avanzar a que se restituya la sala ambiental de la CIJ con desarrollos muy específicos de acciones preventivas y reparaciones.
