Periódicamente en EEUU se reeditan matanzas protagonizadas por civiles armados hasta los dientes. Y cada vez que ocurre una de estas tragedias surge la pregunta de cómo es posible que en un país donde rige el Estado de derecho persista la venta libre de armas de fuego, habida cuenta de que la probabilidad de que caigan en manos de personas perturbadas y criminales es muy alta.
La respuesta a esta interrogante no es desconocida para nadie, se sabe que este mortal negocio, cuyos principales beneficiarios no son quienes buscan defenderse sino quienes buscan delinquir, goza de muy buena salud gracias al amor al dinero. De todas maneras causa alarma el hecho de que un grupo de poder, en concreto la Asociación Nacional del Rifle (NRA), tenga tanto imperio sobre uno de los dos principales partidos de EEUU, el republicano, lo que a su vez le permite influir sustancialmente en el Congreso del país más poderoso del planeta, tal como ocurre ahora, y otras veces en el Gobierno, como ocurrió en la era de George W. Busch (por ejemplo, durante su administración los republicanos impidieron la renovación de una resolución que expiraba en 2004 en contra de la venta de rifles semiautomáticos y armas de alto calibre).
A pesar de esta gran —y nociva— influencia, al igual que hizo con la reforma migratoria y su acercamiento con Cuba, Obama se ha propuesto luchar unilateralmente contra la venta libre de armas de fuego en EEUU utilizando el pequeño margen de maniobra que tiene frente a la censura legislativa de los republicanos. Para tal efecto, el lunes firmó 10 órdenes ejecutivas que por su naturaleza no tendrán que ser aprobadas por el Congreso. En una de ellas solicita una partida de $us 500 millones para la atención de personas con problemas mentales y otros $us 4 millones para el fortalecimiento de un centro que se dedicará al rastreo de la venta ilegal de armas vía internet. Además, una de estas resoluciones obligará a los vendedores de armas a constatar que sus potenciales compradores no tengan antecedentes criminales ni que padezcan enfermedades mentales. Para ejecutar esta orden se incorporarán 230 oficiales adicionales al FBI, entidad que se encargará de tramitar la revisión de los antecedentes.
Una revisión más que coherente y que debería hacerse de manera rutinaria, pero que sin embargo hoy no se realiza, gracias a la anuencia de los republicanos. Por caso, los senadores y candidatos republicanos Marc Rubio y Ted Cruz se refirieron a esta acción como inconstitucional y como un “claro abuso del Poder Ejecutivo”. Palabras que ponen en evidencia hasta qué extremo la angurria del dinero puede nublar la mente de las personas, dispuestas a defender a capa y espada un macabro negocio como la venta de armas, que no solamente trae luto a cientos de familias en EEUU, sino que además alimenta guerras fratricidas como la de Siria y empodera a organizaciones criminales de toda laya.
