Una vez más la población paceña ha sido azotada (en algunos casos literalmente) por los choferes del transporte público, que no conformes con organizar un paro y dejar a las personas sin medios de transporte, hicieron bloqueos en puntos neurálgicos de la ciudad y desplegaron su ya conocida violencia. En respuesta, la Alcaldía se ha mostrado firme en su posición.
En efecto, el paro de ayer —el primero del año, pero seguramente no el último, pues hasta ahora el gremio de los transportistas de pasajeros no ha encontrado mejor método para presionar a las autoridades públicas que la movilización callejera— ha tenido, como en anteriores ocasiones, el efecto de incrementar el cansancio ciudadano con un sistema de transporte ineficiente (de ahí que los choferes exijan incremento en las tarifas, pues su ganancia, dicen, es insuficiente) y de paupérrima calidad. El Alcalde, sabiendo esto, se ha mostrado inflexible en su posición de exigir a los dirigentes del gremio que se avengan a cumplir con compromisos asumidos a fines del año pasado antes siquiera de discutir el tema de las tarifas.
Dichos compromisos incluyen mecanismos de control, de parte de los sindicatos, que aseguren el cumplimiento de rutas y la calidad del servicio, así como listas de los conductores y de los vehículos que son empleados en el servicio; hasta ahora varios sindicatos han incumplido estos puntos. Por su parte, el Ejecutivo municipal tiene en su poder el estudio de costos del transporte, realizado por una consultora contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y ha enviado al Concejo un proyecto de ley de rutas. El burgomaestre señaló ayer que, con su movilización, los transportistas quieren tender “una trampa” para debatir únicamente el incremento de las tarifas sin tomar en cuenta los otros tópicos referidos a la calidad del servicio.
A su vez, la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz amenazó con “expulsar” de la ciudad a los sindicatos que prestan mal servicio o cuyos choferes realizan “trameaje” (la práctica de no completar la ruta, obligando a los pasajeros a tomar otro vehículo y pagar otro pasaje). No es la primera vez que las juntas vecinales se enfrentan a los sindicatos, y al parecer la frustración y el enojo se están acumulando, lo cual puede terminar en encuentros violentos entre unos y otros, como ya ha sucedido en diferentes zonas de la ciudad, sin que esto haya cambiado el estado de cosas.
Tiene, pues, el Gobierno Municipal el apoyo tácito de la ciudadanía en esta pulseta con los transportistas, lo cual no significa que puede tomarse las cosas con calma, sino, todo lo contrario. Urge que las autoridades encuentren los mecanismos adecuados para hacer cumplir las leyes vigentes, así como formular otras nuevas que ordenen el transporte de pasajeros. La tarea no es fácil, pero es impostergable.
