En las últimas semanas, diversos medios informaron sobre la posibilidad de la aprobación, por parte del Concejo Municipal de La Paz, de dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo edil, que tienen por razón “actualizar” la base imponible (BI) de bienes inmuebles para cerrar la brecha existente entre el valor catastral y el valor comercial de una propiedad.
Inmediatamente surge una duda razonable en todo propietario: ¿será que esta modificación afectará el monto de impuestos a pagar? La lógica indica que sí, sino, cuál el sentido de rectificar un registro de bienes inmuebles que hasta ahora le ha significado a la Alcaldía de La Paz un ingreso tributario estable con niveles bajos de mora. Si bien no se contempla en ambos proyectos de ley un aumento explícito en la alícuota, la intención de modificar la BI en términos de valor comercial es un sinónimo de incremento de impuestos, y dada la magnitud del aumento, es indefectiblemente un “impuestazo” por los porcentajes calculados, que afectarán en gran medida los bolsillos de los contribuyentes.
Esta acción a todas luces no resulta de lo más acertada, y seguramente encontrará resistencia en la población. Los efectos pueden ser más perversos que benignos, por ejemplo se podría incrementar la evasión tributaria, o se podría traspasar el costo de los impuestos al valor del inmueble a la hora de venderlo.
Si bien todos los municipios del país enfrentarán una merma en sus ingresos por la caída en la renta petrolera, no es justo que para compensar esta reducción se deba emplear como solución simplista el incremento de los impuestos municipales. Medida que atenta contra la economía de la población y demuestra la poca iniciativa que tiene la gestión municipal para generar ingresos además de afectar los bienes inmuebles. Es más, previamente debieron presentarse leyes de reducción de gastos burocráticos o de actividades que no le generan valor al ciudadano como desfiles alegóricos, cuando la ciudad necesita de más centros de salud, escuelas con mejor equipamiento, nuevas opciones de vías de circulación o mejora en el servicio de transporte público, que son urgentes.
Suponiendo que se imponga el golpe impositivo, ¿qué plan tiene la municipalidad para invertir los recursos?, ¿qué obras de impacto para la comunidad se tienen previstas?, ¿qué mejoras en infraestructura y ordenamiento territorial se tienen previstas? Y en caso de que existan tales proyectos y se los ejecute, ¿será que nuevamente se ajustarán las bases impositivas para cobrar más impuestos? Las autoridades municipales aún tienen la oportunidad de evaluar los impactos de aplicar tal medida y contener otras como el posible incremento del impuesto de los vehículos y la transferencia de inmuebles. Para ejemplo queda recordar lo que sucedió en Santa Cruz cuando la Alcaldía intentó aplicar una medida similar.
