A inicios de 2013, el Presidente del Estado anunció la Agenda Patriótica 2025, un documento oficial que consta de 13 pilares que conceptualmente guían las acciones de largo plazo del Gobierno. Pero en rigor, es recién con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2016-2020, presentado a fines de diciembre, que esa ambiciosa agenda cuenta con un instrumento de ejecución.
Las metas propuestas son muy ambiciosas en todos los ámbitos del PND: se espera disminuir en un tercio la proporción de población pobre, continuar disminuyendo la desigualdad de ingresos y lograr un crecimiento del PIB de 5,8% como promedio.
Las metas macro y las metas sectoriales son optimistas y muestran una visión de país en progreso. Sin embargo, un plan es más que las metas que lo componen; en ese sentido, está pendiente todavía la presentación de las estrategias y mecanismos que lograrán las metas anunciadas por el Mandatario en diciembre; es decir, el cómo se logran esos objetivos, qué recursos se utilizan, cómo se financian y qué arreglos institucionales se generan para conducir las fuerzas del Estado y de la sociedad en la dirección proyectada.
La forma en la que se ha presentado el PND también llama la atención, porque se concentra en montos de inversión y cantidad de obras de infraestructura, pero deja la sensación de que no hace suficiente énfasis en la gente: ¿cuál es el nivel tolerable de desempleo en el mediano plazo? ¿Cuál la cobertura para obreros y empleados con protección social y laboral? Una vez que se ha logrado incrementar sustancialmente los ingresos laborales, toca hablar de la calidad del empleo.
Es deseable también que el plan indique cómo se reducirán las enfermedades prevalentes en el país. En una sociedad crecientemente urbanizada y con hábitos de consumo en permanente modificación, ¿cuál será el enfoque de salud preventiva? Estos temas no solo se resuelven multiplicando la cantidad de hospitales en el país, lo cual es necesario, pero de ninguna manera suficiente para encarar el problema de salud en Bolivia.
Finalmente, respecto a la inseguridad ciudadana y la Justicia, dos temas que vienen de la mano, es necesario que el PND responda en cuánto se reducirá la delincuencia el próximo quinquenio; en la era de las cámaras de seguridad y de los drones resulta absurdo no contar con una estadística básica de criminalidad, instrumento decimonónico del cual carece la Bolivia de hoy. Y en Justicia, la población necesita saber si se acortará la duración promedio de los procesos, si se incrementará la eficacia y se reducirá la corrupción en el sistema judicial, y cómo.
En resumen, el Plan Nacional de De-sarrollo muestra una visión de país sustancialmente mejor que el de hoy; y es posible que Bolivia llegue a ese objetivo; pero es necesario saber cómo se logrará y de qué manera las cifras frías se traducirán en calidad de vida para la gente.
