Como ya es tradición en los procesos electorales y de consulta en el país, las encuestas de intención de voto constituyen un factor relevante no solo para el debate político, sino también en la agenda informativa y de opinión. Más todavía: al brindar “fotografías” sucesivas, y parcialmente comparables, de las preferencias electorales en diferentes momentos previos al sufragio, las encuestas se han convertido en un valioso insumo para las campañas electorales.
A diferencia de la consulta sobre estatutos autonómicos del 20 de septiembre de 2015, que por su naturaleza y alcance fue más bien exigua en estudios de opinión, el Referendo Constitucional Aprobatorio convocado para el 21 de febrero está siendo alimentado con diferentes datos de intención de voto por el Sí y por el No.
Se prevé también la realización de estudios en boca de urna y conteos rápidos durante la jornada de votación. En los últimos días, la difusión de encuestas sobre la consulta ha generado interesantes reacciones y lecturas por parte de los actores políticos. La polémica gira en torno al alcance de los estudios, su credibilidad, las variaciones de datos y el elevado porcentaje de indecisos. La paradoja es que mientras se declara no dar mucha importancia a las encuestas, éstas son ineludibles en sus posicionamientos y ajustes de campaña.
