La semana pasada, la Fiscalía de Oruro dio a conocer el inicio del primer caso de biocidio en el país, contra un varón que mató a patadas a un can en la calle, supuestamente por defender a su perro, un cachorro de pocos meses. Por este hecho, el acusado fue detenido preventivamente y tuvo que pagar una fianza de Bs. 3.000 para poder defenderse en libertad. Y si bien los dueños del animal que falleció por causa de esta salvaje golpiza decidieron desestimar la denuncia que un principio presentaron, luego de llegar a un acuerdo económico con el agresor, el Ministerio Público de Oruro anunció que continuará el proceso, por tratarse de “un atentado” contra un ser vivo.
Independientemente de cómo termine este caso, se trata sin duda de un positivo precedente, ya que hasta hace pocos meses acciones de esta naturaleza no podían ser sancionadas, pues no existía una norma para castigar a quienes maltrataban a los animales. Sin embargo, gracias a la aprobación de la Ley para la Defensa de los Animales Contra la Crueldad y el Maltrato (700), hechos como el que aquí se comenta hoy son considerados como delitos por la legislación nacional, lo que permite sancionarlos. Condición que ciertamente representa un primer paso para evitar que agresiones contra los animales queden en la impunidad, como hasta ahora.
