Frente a los frecuentes cuestionamientos respecto a la retardación de justicia, periódicamente las autoridades aludidas señalan estadísticas sobre la excesiva carga laboral que recae sobre sus hombros, y este año no ha sido la excepción.
Días atrás, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz informó que en 2015 las causas que debieron atender los aproximadamente 200 jueces que operan en toda la región sumaron cerca de 300.000. Es decir que en promedio cada magistrado debe atender 1.500 juicios al año, una carga procesal ciertamente abrumadora. Sin embargo, estas estadísticas no contemplan, convenientemente, un dato que permite comprender con mayor precisión la ecuación cuestionada: el número de casos que fueron resueltos por cada juzgado.
Los datos más actualizados al respecto proporcionados por el Consejo de la Magistratura dan cuenta de que en 2013 se iniciaron 250.000 nuevos procesos penales en toda Bolivia, pero solamente se resolvieron 611 casos, es decir que únicamente el 0,24% de los procesos fue resuelto. Este porcentaje revela con diamantina claridad que la retardación de justicia deviene no solamente por la gran cantidad de juicios que deben resolver los juzgados, sino también y sobre todo por la extrema ineficiencia que impera en los tribunales del país.
