La Fundación Tierra (FT), institución dirigida actualmente por Gonzalo Colque, está cumpliendo 25 años de labor. Desde su sitio web (www.ftierra.org) se puede acceder gratis a sus cientos de publicaciones en formato digital. Aquí me referiré sobre todo a su última publicación, titulada Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda, presentada el miércoles 27 de enero en el magnífico anfiteatro de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), publicación que ha coincidido muy oportunamente con sus bodas de plata.
En este libro se contrasta la pugna, por lo general irresuelta, sobre todo entre dos tipos reformas agrarias: las “asistidas por el mercado”, fomentadas por el Banco Mundial, y otras más “revolucionarias” que incorporan la justicia y el equilibrio social reclamado ante todo por los pueblos indígenas y campesinos, cuyas tierras les fueron arrebatadas por el mercado o por alianzas entre terratenientes, sus empresas agropecuarias y el Estado.
La nueva Ley de Reforma Agraria de 1996, con sus ajustes posteriores, sobre todo en 2006 con la Ley de Reconducción Comunitaria, retoma y actualiza en muchos aspectos la primera reforma de 1953. Un nuevo punto central es el reconocimiento de la mayoría de los pequeños productores como campesinos y en muchos casos también indígenas originarios. La innovación más notable para ellos fueron las primero llamadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y desde la Constitución Política de 2009, Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), para las que con los años se logró oficializar hasta fines de 2014 casi 23 millones de hectáreas, casi un cuarto de la superficie nacional, sobre todo en tierras bajas pero también en áreas andinas de ayllus.
El libro resalta dos periodos especialmente “revolucionarios” y anti(neo)liberales, primero en los últimos años previos a la ley de 1976; y, de nuevo, en los tres primeros años de Evo (2006 a 2009), con el liderazgo del entonces viceministro de tierras Alejandro Almaraz, quien siempre fue reacio a considerar las unidades productivas familiares en términos de propiedad y privilegió más bien la propiedad comunal, en parte por la mayor defensa que pueden hacer para mantener su territorio frente a las arremetidas incesantes del mercado. Almaraz dejó de ser autoridad por presión de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), presidida entonces por un cruceño, por considerar que los indígenas tenían demasiadas ventajas con sus TCO —hoy TIOC—. Pero a la vez se hacen concesiones al modelo neoliberal, como en la Ley 377 del 11 de enero de 2013, que cuadruplica la frontera agrícola de 3,7 a 15 millones de hectáreas en beneficio sobre todo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
