Hace una semana los transportistas pesados iniciaron un paro indefinido y el bloqueo de las principales carreteras del país, en demanda de prerrogativas fiscales y la anulación de la reducción del 30% del crédito fiscal establecida para la gasolina y el diésel.
No sobra recordar que este tipo de medidas de presión, además de arbitrarias e ilegales, no perjudican a los altos funcionarios responsables de tomar las decisiones, sino a los sectores más vulnerables de la sociedad, muchos de los cuales necesitan trasladarse de una región a otra por trabajo o por cuestiones de salud. Y para colmo de males, los transportistas están ejecutando este deplorable bloqueo en una de las épocas turísticas más altas, causando zozobra a miles de personas, muchas de ellas extranjeras, que esperaban conocer y pasar un tiempo agradable en el país invirtiendo para tal efecto su tiempo y sus ahorros; lo que sin duda va en detrimento del turismo nacional. Respecto a su demanda, el transporte pesado, además de generar grandes ingresos, es uno de los sectores que más se beneficia del Estado, gracias al bajo precio (subsidiado) de los carburantes y el empleo de carreteras, que son construidas y mantenidas con los aportes de los contribuyentes. Por tanto, lo mínimo que se esperaría de este sector es que pague los impuestos que le corresponden.
