Con excepción de los magistrados que se están enriqueciendo con la corrupción, a nadie le conviene la profunda crisis que actualmente atraviesa el Órgano Judicial, ni a los ciudadanos ni al propio Gobierno, que hoy enfrenta un desgaste —sin precedentes— por haber enarbolado la bandera de una revolución judicial que no llega, pese a tener diez años en el poder.
La corrupción y la impunidad, señas de la falta de independencia en la función judicial, generadas por malos magistrados, han anulado diversos ámbitos de las instituciones del sistema de justicia, en un contexto en el que los tribunales deberían garantizar los derechos humanos de los bolivianos y ser el contrapeso al ejercicio del poder político. Con tribunales independientes, emergentes de un proceso de reforma judicial inclusivo y transparente, todo el país ganaría.
La separación efectiva de poderes y el respeto entre los mismos asegura la legitimidad y la funcionalidad de un gobernante. En esa línea, al gobierno del señor Morales Ayma le convendría desarrollar la institucionalidad judicial en orden al mandato constitucional, para evitar un mayor aislamiento y desgaste social. No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos que ofrece el sistema de justicia equivale a socavar el Estado de derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático.
La situación se agrava si es que con la denominada Cumbre Judicial se busca solamente ganar votos y ampliar márgenes de maniobra para luego “despedir” a las actuales autoridades; cuando lo sensato, para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, es que los magistrados concluyan su mandato y lo reorienten entre el 16 y el 17 de abril como el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia. Para ello hace falta un proceso participativo de corto, mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, menos protagonismo mediático de sectores del gobierno, con visión de país, actitud responsable de la Asamblea Legislativa, mirada técnica en su implementación y con liderazgos visibles y de consenso social en las instituciones de los órganos Judicial y Ejecutivo. Un proceso, insistimos, que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoque de política pública, capaz de evitar el “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder.
Sin una mínima apertura de acuerdos entre los órganos del Estado y la sociedad civil para recomponer la institucionalidad judicial todos pierden: pierde el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las instituciones judiciales, las organizaciones sociales, las instituciones y los ciudadanos, pues quedan todos desprovistos del único marco que les da seguridad y garantías.
Una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” de un país; no es patrimonio de un gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, ya que la independencia de poderes es una garantía del Estado de derecho, contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente, y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal harían el Presidente y el Vicepresidente del Estado en seguir la vía equivocada de no escuchar a la “masa crítica” y profundizar en el intento de capturar toda la hegemonía. Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir.
Es abogado y analista, director de la fundación Buen Gobierno.
