El 17 de julio de 1980, en el asalto que ordenó Luis García Meza a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron asesinados Marcelo Quiroga Santa Cruz (jefe del PS-1), el diputado en ejercicio Juan Carlos Flores Bedregal (máximo dirigente del POR t-p), y el dirigente minero Gualberto Vega, aunque este último en circunstancias diferentes, pues los dos primeros fueron trasladados en una ambulancia, convertida en carro de asalto, al cuartel general de las FFAA mientras agonizaban.
Se ha señalado con toda insistencia que Quiroga Santa Cruz se encontraba aún con vida cuando fue trasladado al Estado Mayor. Con el retorno a la democracia, se exhibieron fotografías de ambos dirigentes. En las imágenes, Marcelo aparece muy desfigurado por el tiro de gracia que recibió en la sien izquierda. Una de las interrogantes que no plantearon los forenses argentinos ni los que sustentaron el juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza y su ministro del Interior Luis Arce Gómez fue ¿quién le dio el tiro de gracia a Marcelo? Ahora Felipe Molina Bustamante (El Killer), encargado de reconocer a los dirigentes opositores en el asalto a la sede de la COB y darles fin, podrá decir, entre otras cosas, quién disparó en el Estado Mayor del Ejército de Bolivia con un arma corta y a poca distancia contra una de las mentes más brillantes que ha dado este país.
Hoy en día el principal responsable de estos crímenes goza de un gratificante exilio en el Hospital Militar, un cómodo recinto hospitalario ubicado casualmente muy cerca del lugar donde asesinaron a estos dirigentes, contraviniendo el mandato de la Corte Suprema que ha establecido su reclusión en el penal de Chonchocoro. Todo esto durante el actual proceso de cambio, en el que las FFAA, garantía de continuidad del presente régimen presidencial, han sido no solo sobreseídas, sino incluso premiadas con la medalla que lleva el nombre del mismísimo Marcelo, ¡vaya paradoja!
Es por esa razón que la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) ha planteado ante las autoridades legislativas, a través de un proyecto de ley, la creación de una comisión que esclarezca la verdad de los crímenes que aquí se comentan; comisión tanto más importante por cuanto un pueblo que no ventila su pasado con toda franqueza vive con la conciencia intranquila y con la sombra de reincidir sus errores; la impunidad es la mayor amenaza a la libertad.
La falta de sensibilidad por más de 35 años de estos delitos pone en tela de juicio la vocación de justicia del Gobierno. Este encontronazo con el rostro del pasado nos llama a reflexión, ya que la dirección donde residía y se escondía El Killer fue denunciada por los familiares de las víctimas hace mucho tiempo, sin que se hiciera nada por atraparlo, a pesar de haber sido sentenciado en 2007 a 30 años de presidio sin derecho a indulto por el asesinato en grado de complicidad de Quiroga Santa Cruz.
Huelga aclarar que una comisión de la verdad tampoco garantizaría el esclarecimiento pleno de estos crímenes, solo en la medida en que ésta sea independiente de todos los poderes y partidos del Estado podría pensarse en resultados verdaderos. El paso del tiempo es además un factor que borra la memoria; de hecho muchos testigos y protagonistas han muerto, pero ésta es una memoria impedida cuando por celos políticos no se da libertad de acción a los interesados, es decir, a las víctimas y a sus familiares, o cuando se pretende controlar las instituciones de DDHH como a un sindicato.
El Che fue encontrado 30 años después de su muerte y sus restos fueron repatriados de regreso a Cuba. Pero en Bolivia somos incapaces de encontrar los restos de Marcelo Quiroga ni de Juan Carlos Flores Bedregal luego de 35 años. Respecto a la detención de El Killer queremos pensar que no se trata de una movida política en vísperas del referéndum constitucional del 21 de febrero, sino que forma parte de un plan real de cara a la verdad. Pero necesitamos más acciones para creer que esto es así, la primera es el retorno de García Meza al régimen carcelario al que lo sometió la democracia; la segunda, la aprobación del proyecto de ley presentado por Asofamd al Congreso.
