Con la posesión del flamante Gerente General de la Gestora Pública de Pensiones (GPP), se da inicio a la “estatización” en la gestión de los aportes provisionales para la jubilación, que pasa por la fusión de las dos AFP privadas y la constitución de una única instancia operativa que administre los aportes de 1,8 millones de afiliados individuales.
Si existe un tema a priorizar de parte de la nueva autoridad estatal es la referida a la mejora de la rentabilidad de los aportes, tal como le encomendó el Ministro de Economía. La reducción a menos del 4% de la tasa de rendimiento de los fondos de capitalización individual que actualmente gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) simplemente significa que un aportante para llegar a una jubilación del 60% de su referente salarial necesita trabajar más años de los que establece la ley (55 años para las mujeres y 58 para los varones) y realizar aportes extraordinarios, o finalmente un milagro del mercado, para que la tasa se eleve hasta el 10% de hace 12 años. Que quede claro que por cada punto porcentual que se contrae la rentabilidad, implica de dos a tres años adicionales de aportación.
El reto es digno de un mago más que de un financista, porque dadas las actuales condiciones económicas, monetarias y normativas, el pretender alcanzar los niveles de rentabilidad de hace una década constituye una verdadera hazaña en un ambiente de excesiva liquidez y carencia de oportunidades de inversión; por tanto, las opciones de asignación de recursos que incrementen la rentabilidad se ven muy limitadas.
En una economía en la que el paradigma del mercado no es más una opción, lógicamente es el Estado el que debiera asumir la responsabilidad. Entonces, ¿por qué no permitir que la GPP adquiera los bonos del Banco Central que por Navidad ofrecen hasta un 7%?, ¿por qué no autorizar que la GPP adquiera los bonos soberanos al 4,8%?, ¿por qué no permitir el retiro de algún porcentaje de los aportes para buscar por cuenta propia mejores alternativas de inversión? La situación actual del sistema de pensiones debe obligar al Gerente General de la GPP a dar soluciones que mejoren la posición financiera del fondo y no limitarse a la inercia actual.
Esta coyuntura ciertamente pone los nervios en punta a los cotizantes, por lo que resulta necesario mejorar las condiciones de inversión para evitar una situación de mayor deterioro financiero de las tasas de rendimiento, y brindar a los aportantes la seguridad jurídica y psicológica de que los montos que se descuentan obligatoriamente cada mes de la papeleta de pago están “blindados” ante cualquier intento de uso discrecional e irresponsable. Esos ahorros, como todo ahorro, son sagrados y debieran ser gestionados con pinzas por la GPP.
