El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha permanecido hasta ahora tantos días en el gobierno como en la oposición. Fundado en 1995, tardó 10 años en capturar el espacio político nacional. No fue un ascenso gradual, es decir, gobernando municipios y regiones primero, para luego proceder a la embestida final. No. Fue una subida rauda que en 1997 se estrenó en el Chapare y el Valle Alto con un 15% del voto en el departamento de Cochabamba, hasta escalar, apenas dos elecciones más adelante, a la mayoría absoluta del país. ¿Cómo explicar semejante brinco? Se debió, en parte, al derrumbe del sistema político en el que empezaba a participar. De ese modo, al despoblarse el horizonte de competidores, el MAS llenó el vacío y edificó su hegemonía de una década.
Lo notable ahora es que esta nueva fracción de la clase política, conformada por huestes sindicales obreras y campesinas, aliadas a funcionarios de las organizaciones no gubernamentales, se ha convertido en clase gobernante. A medida que los reflejos surgidos de operar en la oposición se fueron distendiendo, el cariño por el poder acabó sentando sus cabales. El resultado es una ceguera cada vez más pronunciada. No ven lo mismo que los demás.
Así, cuando estalla el escándalo del Fondo Indígena, le echan la culpa a la interacción entre normas legales rigurosas y la precariedad escolar de los beneficiarios.
No cuestionan el meollo y se quedan embobados con las ramas. No entienden que disponer de un porcentaje tan alto de la renta petrolera para un festín de sindicatos, y no de auténticos productores, es el pecado original. No comprenden que si quieren combatir la pobreza y movilizar incentivos, no deberían confiar en sus operadores electorales. Si esos dirigentes estuvieran en la oposición, pensarían en sus seguidores, pero como están en el gobierno, solo les resta calcular cómo ganar las siguientes elecciones. Así no va a funcionar ningún fondo, por más buenas intenciones con las que se prodiguen.
Del mismo modo, cuando escuchan hablar de “tráfico de influencias”, solo oyen “guerra sucia”, porque tras 10 años en el Palacio, todo lo limpio habría quedado de su lado. Robert Michels decía que una oligarquía es un grupo de individuos que intenta hacer creer que “lo que es bueno para unos pocos es bueno para todos”.
Los cuadros administrativos del MAS son especialistas en hacer eso. De ahí que cuando se enteran de que hace nueve años el jefe supremo perdió a su tercer hijo, nacido y fallecido bajo estricta reserva durante su extensa presidencia, califican la noticia como “chisme de cocina”. Peor aún, cuando saben que el líder irreemplazable dice que aquella madre, con la que cuenta haber estado “uno, dos o tres años”, es una “cara conocida” que hace 12 meses invadió su palco oficial para posar en una foto, fingen demencia y guardan silencio. No saben que el tráfico de influencias es ante todo una mezcla deplorable entre lo privado y lo público.
Consiste en revolver afectos y parentescos con las decisiones de Estado. Entonces no hay acá derecho presidencial a la privacidad. El hombre que decide la suerte de millones de billetes y de personas no puede ser un playboy arrabalero. La vieja costumbre machista de regar hijos por el mundo tampoco puede ser parte de los atributos de un jefe de Estado. Si se quiere cortar de raíz el tráfico de influencias, lo más aconsejable es que el Presidente aprenda a precisar su fluctuante número de hijos, y si eso le incomoda, por caridad, que se someta pronto a una vasectomía.
Es periodista.
