Hay tanta corrupción en el sistema judicial boliviano, que ni los magistrados pueden encontrar una solución. Sin embargo, desde la perspectiva de las víctimas, esa solución es obvia. En primer lugar, la reestructuración de la Justicia no la pueden hacer aquellos magistrados que viven precisamente de la corrupción. En una democracia participativa como la boliviana, es hora de que el pueblo haga respetar su posición respecto a este problema. Para tal efecto deberían crearse, con carácter de urgencia, organizaciones ciudadanas de víctimas de la Justicia, para exigir cambios concretos.
Para empezar, el habeas corpus debe restablecerse, para que Bolivia pueda unirse a la comunidad de naciones civilizadas en las que ningún ciudadano puede ser arrestado por más de 24 horas sin que se le presenten cargos y se le inicie un juicio justo. El arresto “preventivo” no solo es criminal, sino que además genera la retardación de justicia y la corrupción, porque, una vez presa la víctima, desaparece el interés de la Policía Judicial y de las cortes por acelerar la investigación y el proceso, quedando la víctima obligada a “aceitar” a todo el sistema judicial para mover sus oxidados engranajes, como empujando cuesta arriba, y de rodillas, una monstruosa maquinaria de corrupción. Cuando todos sabemos que debiera ser al revés: partiendo de que todo ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario, la Policía Judicial y los fiscales debieran investigar los casos hasta comprobar el delito, y recién, con esas pruebas, arrestar y presentar los cargos. El arresto “preventivo” en Bolivia es una criminalidad institucionalizada que a nadie engaña. Es hora de exigir su eliminación.
Por otro lado, la Justicia debe ser despolitizada, lo cual significa la eliminación de la elección de magistrados por voto popular. Debe restaurarse la elección por méritos, entre los cuales debe prevalecer la honestidad y la eficiencia. No puede permanecer en ejercicio un solo magistrado, juez, vocal, fiscal o notario que tenga en su historial un caso de corrupción o incumplimiento de deberes. El sistema judicial debe tener una sola cabeza, y todos sus miembros deben estar sujetos a la Justicia Ordinaria. Debe eliminarse la ofensiva idiotez de las faltas graves, muy graves y gravísimas. No se trata de faltas, sino de delitos que deben ser penalizados con cárcel.
El Gobierno debe proveer el presupuesto para aumentar el número de cortes y jueces, y para aumentar los salarios a niveles dignos. Los procedimientos deben modernizarse y simplificarse. Después de establecer condiciones idóneas para la apropiada impartición de justicia, se deben establecer severas penalidades para los infractores. Cinco años de cárcel, por ejemplo, para los notarios, abogados, y asistentes que falsifiquen los funestos poderes notariales, con los que se inician juicios falsos. Del mismo modo debe aplicarse cinco años de cárcel para los jueces que aceptan esos casos tan obviamente viciados de nulidad. De igual manera, la extorsión que hacen los jueces, fiscales y abogados a la población civil; y, por supuesto, las innumerables maniobras de retardación de justicia deben ser penalizadas con cárcel.
Esos cambios jamás se van a poder hacer por medio de la “autorregulación” de un sistema tan corrupto y delincuente. Por lo tanto, en las cumbres convocadas por el Presidente del Estado tiene que hacerse escuchar la voz de las víctimas de la Justicia, más que la voz de la “justicia”.
Es periodista.
