Es bien sabido que machismo y política no se llevan bien. Durante muchos años los espacios de toma de decisiones, especialmente en puestos electivos, estuvieron virtualmente reservados para los varones. El creciente ingreso de las mujeres en la actividad política cambió el panorama, pero aún hoy la violencia misógina se deja sentir en muchos ámbitos del Estado.
Es tal la presión que sufren las mujeres en la competencia con sus pares varones por el derecho a ser elegidas y, sobre todo, de cumplir los deberes que el servicio público les demanda, que el 28 de mayo de 2012 se promulgó la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, y que se planteó como objeto “establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos”. En los hechos, a casi cuatro años de dictada la norma, de poco ha servido para mejorar la vida de las mujeres políticas, particularmente en el área rural.
De ahí que días atrás, un grupo de concejalas municipales de diversos municipios del departamento de La Paz firmaron un convenio con la Defensoría del Pueblo para luchar contra el acoso y violencia política en todo el país. Los testimonios recogidos por este diario en el acto de firma son elocuentes: “Mi concejal suplente me acosa cada día para que renuncie; ‘qué sabe una mujer de política’, me dice”. “A mí, el Alcalde me grita delante de los concejales”. “Para que no participe en las reuniones, me mandan a fotocopiar papeles y dicen ‘las mujeres solo sirven para cocinar y hacer mandados’, mis colegas varones quieren que renuncie y me vaya a mi casa”.
A ello debe añadirse episódicos casos en los que varones en ejercicio del poder expresan, a veces en tono de broma, otras no tanto, ideas que no por jocosas o cotidianas dejan de ser profundamente misóginas. El gran problema de esta forma de violencia contra las mujeres es que se ha vuelto cotidiana, “normal” y, por tanto, aceptable y digna de ser imitada en los espacios públicos y privados.
El que un grupo de concejalas haya decidido establecer el citado convenio con la institución nacional de derechos humanos, y sobre todo que todas ellas hayan preferido no revelar su identidad a nuestra periodista para evitar represalias, es indicador de lo grave que es su situación y de lo poco que ha cambiado en los últimos años a pesar de la normativa a favor de las mujeres y de los discursos que relievan la participación femenina en la gestión de la cosa pública.
Queda claro, una vez más, que no basta con tener la legislación más avanzada en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres y otras manifestaciones del patriarcado, mientras no cambien las actitudes. La solución está menos en los juzgados y más en las escuelas.
