Lo sucedido el miércoles 17 en un edificio del Gobierno Municipal de El Alto, donde seis personas murieron y casi una treintena resultó herida como producto de un ataque vandálico en el que se causó un incendio de magnitud así como otros destrozos, no puede quedar impune. Aunque hay personas que guardan detención preventiva, todavía no se ha hecho justicia.
En efecto, el trágico suceso que causó gran consternación días antes de celebrarse el referéndum, no ha sido aclarado, sino todo lo contrario. Actualmente nueve dirigentes de organizaciones sociales de El Alto, entre ellos el tristemente célebre secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales (Braulio Rocha), permanecen detenidos en el penal de San Pedro a la espera de afrontar cargos por homicidio y otros delitos. Pero también hay dos autoridades municipales imputadas, el Secretario de Seguridad Ciudadana y el Director de Talento Humano.
Las interpretaciones políticas que se le dio al ataque a la Alcaldía alteña han incluido desde la acusación directa a dirigentes vinculados al MAS y al exalcalde, razón por la cual hay detenidos, hasta la hipótesis de que se trató de un autoatentado, lo cual explica la imputación contra las autoridades. Precisamente por ser contradictorias y más aún porque tanto la Alcaldesa de El Alto como el Presidente del Estado se han encargado de hacerlas públicas el caso dista de haberse resuelto y se discute más en el ámbito de la política que en el de la Justicia.
La divulgación en días posteriores al suceso de videos que mostraban a un connotado dirigente de Unidad Nacional en el lugar de los hechos, uno, y en similares circunstancias al Viceministro de Régimen Interior, el otro, ha servido para supuestamente demostrar ambas hipótesis. La Alcaldesa, quien ya ha declarado ante la Fiscalía, pidió que el Mandatario también sea convocado.
El nivel de tensión política que este caso ha provocado, incluyendo hasta ahora movilizaciones y amenazas de los gremiales que exigen la liberación de su dirigente, hasta una demanda de la Federación de Padres de Familia contra la Alcaldesa, no se condice con los avances en la investigación. Así, es grande el peligro de que la trágica muerte de seis personas termine relegada en la agenda pública y su importancia humana, pero sobre todo social terminen por disolverse en el debate político.
Pésimo precedente quedaría si la investigación de la Fiscalía no concluye con la identificación y sanción de los verdaderos autores ideológicos y materiales del asalto a la Alcaldía. El Ministerio Público afronta hoy más que nunca la crítica por su labor, por lo que es doblemente exigible que presente resultados oportunos. Asimismo, las familias de las víctimas, pero de modo general toda la población alteña, merecen conocer la verdad de los hechos y ver que se hace justicia.
