El fin de semana pasado, el deslizamiento de una gran cantidad de tierra en el barrio de Jupapina, al sur de La Paz, causó el desplome de cinco viviendas y dejó severamente dañada la estructura de otros cinco inmuebles, además de destruir tres vehículos. Como resultado de este desastre 12 familias se quedaron sin hogar, pero afortunadamente solo registraron pérdidas materiales.
A los pocos minutos de ocurrido este movimiento de tierras, los afectados llamaron a la Unidad de Emergencias del Gobierno Municipal de La Paz, que respondió con premura, trasladando maquinaria pesada y personal que contribuyó al transporte de los muebles y enseres de los damnificados. Actualmente los funcionarios ediles continúan en el lugar trabajando en la estabilización de los suelos.
No obstante, paradójicamente, los propietarios de varias de las viviendas que se han visto dañadas o destruidas y que hoy reciben el apoyo de los obreros municipales paceños no pagan sus impuestos al gobierno local de La Paz, sino a Mecapaca, cuya Alcaldía dicho sea de paso fue la que autorizó la construcción de esos inmuebles en un lugar que ha sido calificado como de muy alto riesgo por la municipalidad paceña, por su composición arcillosa y elevada inestabilidad.
De la peor manera, este desastre pone en relieve los riesgos que implica la arbitrariedad en la que incurren algunas alcaldías al otorgar permisos de construcción de inmuebles sin importarles que se trate de zonas de riesgo o que estén fuera de su jurisdicción, cumplan o no con los lineamientos municipales de seguridad y convivencia urbana. Esto con el único propósito de incrementar sus ingresos impositivos.
Ahora bien, no cabe duda de que las autoridades de Mecapaca y de otros municipios deben estar muy contentos con esta distorsión fiscal, tanto más conveniente por cuanto sus recursos se están incrementando, pero no así sus responsabilidades, como correspondería. El problema es que este superávit para las alcaldías aledañas a la sede de gobierno constituye una sangría creciente de recursos para la municipalidad paceña, que continúa haciéndose cargo de los servicios y de las situaciones de emergencia que se presentan en los barrios, como Jupapina, donde los edificios y negocios ahora tributan en otro gobierno local.
Además, como bien pone en evidencia el caso que aquí se comenta, esta suerte de anomia legislativa constituye un serio riesgo para los pobladores que edifican casas y edificios en lugares inestables con el beneplácito de algunas de las autoridades locales vecinas, poniendo en peligro no solamente su vida y su patrimonio, sino también el de los vecinos; amén de ser ampliamente aprovechada por loteadores que buscan apropiarse de áreas verdes y de predios privados.
