El Ministerio de Gobierno se encuentra en campaña para atrapar a José Luis Sejas Rosales, sobre quien pesa una orden de captura para fines de extradición hacia Argentina. Esto porque el 29 de junio de 2015, la Fiscalía del país vecino presentó una orden de aprehensión contra Sejas, dueño de una compañía (Creta) encargada de transportar hidrocarburos desde Bolivia hasta Argentina, pero que según las investigaciones judiciales argentinas aprovechaba sus camiones para acarrear, desde 2011, no solamente carburantes, sino también cocaína.
Cuando salió a la luz pública este caso, Sejas fue detenido en el país, pero la Justicia boliviana le otorgó medidas sustitutivas, ordenando su arresto domiciliario y la obligación de presentarse semanalmente a la Fiscalía. Ello pese a la gran cantidad de pruebas recabadas por las autoridades argentinas en su contra y la probabilidad, bastante elevada, de que decida huir, como tal parece que ha ocurrido.
Por todo ello, es de esperar que el Ministerio Público actúe con la misma eficiencia como lo hizo en el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, por cuanto no solo está en juego la imagen del sistema judicial del país y de las autoridades policiales, sino también de YPFB, toda vez que Sejas trabajaba como intermediario de la empresa bandera nacional.
