Concluido el referéndum constitucional del 21 de febrero, y una vez que se cumplan las actividades del calendario con la entrega del informe final a la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral Plurinacional tiene un inmejorable momento de oportunidad para el impulso de acciones institucionales, técnicas y normativas. El resultado dependerá de varios factores.
¿Qué sigue, después del reciente referéndum, para la democracia y, en especial, la institucionalidad electoral en el país? Si bien en términos de procesos de votación no habrá tregua, pues en el segundo semestre de este año se espera una nueva consulta aprobatoria de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, existe un contexto favorable para importantes tareas y reformas. Así lo han asumido las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, quienes anuncian una surtida agenda para la presente gestión.
Sin duda la acción técnica más relevante es la auditoría al Padrón Electoral Biométrico, que continúa siendo motivo de sospecha y queja por algunos actores de la oposición. Aunque se registraron varios avances, reconocidos por misiones de observación electoral como la de la OEA, resulta necesario e impostergable brindar certeza plena sobre el registro electoral boliviano con una auditoría técnica e integral. Ello disipará dudas y sacará al padrón del recurrente debate político sobre su consistencia.
Tal auditoría ha sido anunciada en diferentes ocasiones, pero todavía no se conoce cuándo ni cómo se realizará. Tampoco se sabe qué entidad externa será responsable del trabajo, aunque se sugiere que puede estar a cargo de la propia OEA. Los vocales del TSE pretenden ir más allá de la sola auditoría al Padrón Biométrico y la sitúan como parte de un objetivo más ambicioso: lograr la implementación de sistemas de gestión de calidad y certificación bajo normas ISO. Será una tarea de mediano plazo.
La otra acción, asumida como imprescindible tras el referéndum, tiene que ver con una reforma normativa. En este campo se prevén cambios, aún no identificados, en la Ley del Órgano Electoral y, en particular, la Ley del Régimen Electoral. Una de las reformas apunta al sistema de cómputo de votos, a fin de respaldar su celeridad. Y se plantea asimismo la necesidad de impulsar el debate en torno a una Ley de Organizaciones Políticas, dentro de la cual figura el sensible tema del financiamiento público.
Como parte de la futura reforma normativa y reglamentaria está en agenda también la regulación de la campaña y propaganda electoral, por un lado, y de la elaboración y difusión de encuestas electorales, por otro. Se trata de dos campos demostradamente complejos y sensibles para los procesos electorales y referéndums. Será deseable que estos cambios sean el resultado de un amplio camino de análisis, deliberación y consulta para seguir ajustando la norma y fortaleciendo la institucionalidad electoral.
