Los cocaleros del Chapare y de los Yungas están redactando, de manera independiente, sendos proyectos de ley con el propósito último de contribuir en la elaboración de una norma que reemplace a la Ley 1008, vigente desde hace 29 años y que actualmente regula no solo las políticas de lucha contra el narcotráfico, sino también el cultivo y la comercialización de la coca.
Los dirigentes de ambos sectores coinciden en señalar que las 14.705 hectáreas de coca establecidas por un estudio financiado por la Unión Europea (UE) resultan insuficientes para cubrir la demanda interna de la hoja. Pues, aseguran, el mencionado estudio corresponde a años pasados (empezó a ser elaborado en 2008 y fue finalizado en 2010, pero sus resultados fueron entregados recién en noviembre de 2013, luego de que el Gobierno decidiese ampliar el tamaño de la muestra y realizar investigaciones complementarias), y hoy el consumo de coca se ha incrementado. De allí que, según sus cálculos, hacen falta al menos 20.000 hectáreas para cubrir la demanda interna.
Previsiblemente no va a ser sencillo para el Gobierno acceder a la demanda de los cocaleros de ampliar los cultivos legales más allá de las 14.705 hectáreas, en parte porque la comunidad internacional, representada en este caso por la UE y la anuencia de Brasil (un socio estratégico para Bolivia), ha solicitado al país que establezca un límite a la producción de coca sobre la base de estudios científicos y no por medio de estimaciones a vuelo de pájaro, como las que ahora proponen los dirigentes del Chapare y de los Yungas. Y por esta misma razón la UE decidió financiar la estimación que hoy es rechazada por los cocaleros, con el fin último de reducir la producción de cocaína, dentro y fuera del país.
Por otro lado, el propio Gobierno ha reconocido, por intermedio del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, que al menos el 40% de la coca que se cultiva en el país es desviada a la producción de estupefacientes, por cuanto no es comercializada en los mercados legales de Villa Fátima (La Paz) y Sacaba (Cochabamba). Adicionalmente huelga señalar que la venta de coca en estos dos mercados no es garantía de que no vaya a ser utilizada para fines ilícitos, por cuanto no existen controles que hagan un seguimiento al empleo de la hoja que se vende en esos lugares. De allí que la cantidad que se desvía hacia el narcotráfico puede ser incluso mayor.
Por todo ello, no sería prudente acceder a la petición de los cocaleros, ya que una mayor cantidad de coca de la que hace falta para el consumo interno se puede traducir, con elevadas probabilidades, en mayores insumos para la producción de cocaína y su posterior comercialización, ilícitos que, no sobra recordar, conllevan terribles males para la sociedad, como asesinatos, corrupción generalizada, crisis institucional y la fragmentación del tejido social.
