El lunes, durante una conferencia de prensa, consultado si el vocero de la demanda marítima boliviana aún goza de la confianza del Gobierno, el procurador señaló que los voceros “han cumplido un rol muy importante” en el proceso interpuesto por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y agregó que las decisiones judiciales que van a ser asumidas por el tribunal internacional en el futuro no se las toma con base en “argumentos de difusión, ni políticos, ni tampoco académicos”; como dando a entender que la política de comunicación ya no es tan relevante como en las fases previas.
Al respecto, sería positivo recordar que la CIJ está compuesta por 15 jueces de distintas nacionalidades, y que si bien se trata de magistrados de reconocida trayectoria, no dejan de ser personas de carne y hueso, y como tales son susceptibles a ser influenciadas a la hora de tomar decisiones, por muy técnicas que éstas sean. En este sentido, sería deseable que el Gobierno mantenga el mismo impulso que le ha dedicado hasta ahora a la difusión de la justa demanda marítima boliviana, e incluso profundice aún más este aspecto, instalando por ejemplo en ciertas embajadas estratégicas a operadores diplomáticos de excelencia que se unan al servicio de esta causa, coordinando sus esfuerzos con el equipo jurídico de La Haya.
