A finales de los 80, los cineastas bolivianos acuñaron el slogan “Ley del Cine ¡Ya!”, en una serie de movilizaciones que finalmente lograron arrancar al gobierno de entonces la aprobación de una ley que genere las condiciones básicas para el desarrollo del audiovisual boliviano. Eran otros tiempos y otros escuadrones, como diría Benedetti. El resultado inmediato de esa ley fue el llamado “boom” del cine boliviano, con el estreno de cinco largometrajes en un solo año (1995). Hasta entonces, el ritmo de la producción nacional estaba en el promedio de un estreno cada dos años. Pero tan pronto como el polvo se asentó después del entusiasmo inicial, comenzaron a verse las enormes trampas de la Ley 1302 o Ley del Cine boliviano.
El mecanismo de financiamiento creado por esta ley es un préstamo de fomento de montos de hasta 100.000 dólares para la realización de películas, a un 7% de interés anual y con solamente dos años de plazo para su pago. Este periodo, absurdamente corto en cualquier institución financiera, es especialmente inapropiado para el cine, puesto que en las condiciones artesanales en las que se trabaja en nuestro país hacer una película requiere un periodo mucho mayor para preproducirse, filmarse, editarse, promocionarse y exhibirse; sin siquiera hablar del tiempo que una película requiere para empezar a obtener una recuperación en taquilla local o en ventas internacionales.
Esta lógica con la que se ha “fomentado” el cine boliviano ha traído dos consecuencias nefastas. La primera es la propia destrucción del Fondo de Fomento, puesto que los cineastas que accedieron a ese fondo entre 1994 y 2004 se han visto obligados a reprogramar constantemente los plazos de sus pagos o a caer en mora, activando intereses corrientes e intereses penales que en muchos casos han triplicado y cuadruplicado el monto original adeudado. Esto ha mermado el fondo hasta el punto en que actualmente es inexistente (ya que la ley tampoco genera mecanismos para que se renueve). Así, cineastas de nuevas generaciones que quieren hoy acceder al fondo no pueden hacerlo, por lo que el cine boliviano pierde películas de directores potenciales.
La segunda consecuencia de la forma poco apropiada en que se ha regulado el fomento al cine boliviano es que cineastas que han accedido a este financiamiento quedan endeudados por varios años, en los que deben concentrarse en pagar sus deudas, y por tanto, no pueden generar nuevos proyectos cinematográficos. De esta otra forma el cine boliviano también pierde películas potenciales de directores establecidos.
Actualmente el Consejo Nacional del Cine está paralizado. Su dirección ejecutiva es interina hace varios años. Hay 14 cineastas perseguidos por el Estado por el crimen de haber hecho películas, y algunos de ellos han sufrido una especie de muerte civil en el camino. La unidad de los creadores audiovisuales también ha sufrido: los cineastas que nunca accedieron al fondo resienten tener que trabajar sin apoyo alguno, y culpan a los cineastas que sí accedieron y que hoy enfrentan juicios.
Contra esa escenografía de terror hay un nuevo protagonismo. De 2003 a 2013 se han estrenado 86 películas nacionales, el promedio ha subido a más de ocho estrenos por año. Más de la mitad de estos proyectos son de directores noveles y se han filmado fuera de La Paz, con Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Tarija descollando como centros donde ahora se produce a un ritmo intenso.
Algunas de estas producciones, muy pocas, se han visto en canales de televisión y en salas de cine el 21 de marzo, celebrando el Día del Cine Boliviano. Algunas de estas producciones, muy pocas, se han visibilizado a través del premio Eduardo Abaroa. Pero esas iniciativas aisladas no califican como política de cultura. Mientras no se apruebe una nueva ley de cine que corrija los serios problemas que dejó la anterior, el cine boliviano estará en coma. La nueva ley está escrita, socializada y consensuada desde hace por lo menos tres años, esperando a que el Estado boliviano entienda que el cine nacional es caro, pero más caro es no tenerlo.
