La crisis del sistema judicial, marcada especialmente por la pérdida de valores en sus operadores sobre el sentido del servicio común, volvió a cobrar notoriedad a raíz de una investigación sobre el delito de consorcio entre abogados, fiscales, jueces y policías; en otras palabras, una colusión articulada por intereses particulares.
Los primeros pasos de la investigación, que comenzaron en La Paz con un caso particular, revelan pistas de otras asociaciones irregulares conectadas para generar recursos de formal ilegal, a costa de la injusticia. En una colusión, se pueden transar intereses con serias afectaciones al Estado y la sociedad, o pueden provocar pérdida al erario público. “Existen núcleos perversos, mafiosos, que amarran defensas, amarran sentencias, y este es uno de los principales males que aqueja a la justicia”, afirmó el vicepresidente García Linera al respecto, quien cree que el debate sobre estas colusiones debería ser parte de la tan anunciada cumbre de justicia.
La transformación del sistema judicial, no obstante, requerirá de voluntad política y de un gran consenso en favor de la institucionalidad estatal. Urge que la seguridad jurídica sea un patrimonio de la sociedad y no solo un elemento de la retórica política, enunciada desde la oposición y/o el oficialismo.
