Los profesores Jack Balkin y Reva Siegel de la Universidad de Yale publicaron en 2009 The Constitution in 2020, un libro que presenta un ejercicio que reúne distintos puntos de vista de autores formados en Derecho Público sobre las posibilidades temáticas a incorporarse a una imaginaria reforma de la Constitución de EEUU. El objetivo era desafiar la mirada conservadora sobre el constitucionalismo estadounidense que había dominado los estudios del derecho desde los años 60 en ese país.
Lo que se buscaba era plantear qué debería decir la Constitución estadounidense del futuro acerca de distintas temáticas como ser el principio de igualdad, el derecho de propiedad privada, derechos previsionales y la seguridad social, derechos ambientales, democracia, representación y participación política, presidencialismo, entre otras, como respuesta a la fuerte mirada conservadora de algunos jueces, como la del recientemente fallecido juez Antonin Scalia, famoso por estar a favor de portar armas, ser contrario al matrimonio homosexual, al aborto y contradictoriamente a favor de la pena de muerte.
En 2011 el profesor argentino de Derecho Constitucional Roberto Gargarella coordinó un proyecto denominado “La Constitución en 2020” inspirado en el texto de Balkin y Siegel y también en uno de los números de la revista Doctrina Jurídica, que en 1971 encargó a varias personalidades del derecho local responder a la pregunta: ¿Qué Constitución tiene la Argentina y cuál debe tener?
La Constitución en 2020 de Gargarella también reúne a distintas personalidades, quienes debían responder a la pregunta: “Si usted tuviera la posibilidad de sugerir, para los próximos años, la modificación de algún aspecto particular de la Constitución, ¿qué cambio sugeriría y por qué razones?”. El texto reúne 48 propuestas destinadas a repensar los derechos y la organización del poder en Argentina, con temáticas como el principio de igualdad, derechos de familia y reproducción, derechos sociales, derecho de la propiedad privada, derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales, democracia, presidencialismo, federalismo, organización del Poder Judicial, entre otras. Todas las propuestas comparten al menos dos rasgos centrales: una visión inconformista frente al orden y la práctica constitucionales argentinas y la aspiración a un constitucionalismo igualitario, con una amplia garantía de derechos fundamentales basada en un diseño institucional eficiente.
Sería muy bueno realizar en Bolivia un ejercicio similar, una mirada académica no de ataque o de alabanza a la Constitución, sino de reflexión y propuestas; al fin y al cabo la CPE es nuestra brújula política de garantía de derechos, como dice Ferrajoli, contiene a la ley del más débil.
