A más de tres años de la promulgación de la Ley 263, Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, uno de los componentes más importantes de la política contra estos delitos no se ha implementado y no hay visos de que vaya a hacérselo pronto. Se trata del Sistema Integrado de Información y Estadísticas, que sirve para orientar mejor el trabajo de las instituciones.
La Ley 263 y la Ley de Seguridad Ciudadana atribuyen al Ministerio de Gobierno y al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, la creación del referido sistema, que permita el registro fiable y actualizado de datos. Sin embargo, esa continúa siendo una tarea pendiente, y lo verdaderamente grave es que sin información completa y confiable, el trabajo se realiza prácticamente “a ciegas”.
Por ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reporta cifras que tienen como base las denuncias de desaparición. Sin embargo, hay quienes retornan a sus hogares y la familia no reporta ese hecho; previsiblemente, el registro es inexacto, al punto que en la institución del orden se considera que del total de denuncias sobre desaparecidos en promedio el 65% reaparece, pero el 35% de los cuadernos queda sin resolver. Precisión no hay.
El Ministerio de Justicia, que encabeza el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico, presentó la semana pasada un estudio sobre el estado de situación de la lucha contra estos delitos, en el que se evidencia la falta de información que aquí se comenta. Hasta donde se sabe, Bolivia es un país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de seres humanos, cuyos fines son fundamentalmente la explotación sexual, laboral, servicio doméstico servil, trabajo en las zafras, la minería y la mendicidad forzada. Asimismo, se ha identificado demanda de bebés, niños y niñas para adopciones en el extranjero y tráfico de órganos.
También se sabe que Cobija, en Pando; Puerto Acosta y Desaguadero, en La Paz; Villazón, en Potosí; Bermejo y Yacuiba, en Tarija, y Puerto Quijarro, en Santa Cruz, son los puntos fronterizos más vulnerables. En todo caso, lo que se desconoce es la verdadera magnitud y frecuencia de estos delitos. En el ámbito jurisdiccional, los registros de la Policía, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia no son coherentes entre sí, por lo que tampoco puede saberse cómo avanza la investigación y sanción de estos delitos de lesa humanidad.
Al respecto, en el Ministerio de Justicia consideran que esta demora es natural, porque, en palabras del Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, la Ley 263 es aún “muy joven” y las políticas públicas necesitan un proceso de implementación. Es deseable que ese proceso se acelere cuanto antes, pues mientras la burocracia sigue su cansino ritmo, cientos de personas sufren cotidianamente toda clase de abusos y vejámenes.
