Cuesta creer que existan padres y hermanos dispuestos a destruir la vida de sus propias hijas y hermanas a cambio de satisfacer, temporalmente, pasiones enfermas. Uno de estos casos salió a la luz recientemente en el municipio cruceño de Yapacaní, catalogado como una zona roja del narcotráfico, luego de que una niña de 12 años le contase a su compañera de colegio que su padre, sus tres hermanos (de 18, 16 y 13 años) e incluso su tío la ultrajaban de manera regular. A su vez la compañera, escandalizada, le comentó sobre esta historia a su madre, quien denunció este hecho a las autoridades, y gracias a ello hoy los responsables, salvo el tío que está prófugo, están tras las rejas o confinados en centros para menores infractores.
Este hecho pone en evidencia la imperiosa necesidad de implementar programas en todas las escuelas del país orientados a identificar posibles casos de abusos sexuales. Pues lamentablemente en promedio estos hechos se conocen luego de varios años desde que empiezan las violaciones, sobre todo cuando las niñas y adolescentes resultan embarazadas como consecuencia de los reiterados ultrajes. Violencia sexual que, no sobra recordar, causa heridas físicas pero también mentales, que comprometen la capacidad de las víctimas para aprender y socializar, lo que a la postre deteriora su desarrollo y su salud.
