Mañana acaba el plazo para la postulación de candidatos a Defensor o Defensora del Pueblo. Aunque el reglamento de la convocatoria causó polémica porque se eliminó el requisito de poseer título profesional, al parecer hay poco interés, pues hasta el momento de escribirse estas líneas, solo dos personas se habían postulado para encabezar la Defensoría del Pueblo.
Una de esas personas es la activista del feminismo anarquista María Galindo, de gran notoriedad no solo por su crítica al sistema patriarcal, sino sobre todo por los modos que emplea para manifestarla (de lo cual fue muestra el acto de inscripción de su candidatura). Al margen de las posibilidades que tenga para ser electa por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la sola presencia de esa polémica mujer debería estimular el debate sobre qué clase de Defensor o Defensora del Pueblo necesita el país. El otro inscrito es Cristóbal Condoreno Cono, de quien, por ahora, no se conoce mucho. Días atrás, otras tres personas anunciaron su deseo de inscribirse para ser consideradas por el Legislativo, y la oficina donde se hace el trámite permaneció abierta ayer, así como lo estará hoy.
La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos, lo que significa que pese a ser una instancia estatal, su función la ubica al frente del Estado, pues debe proteger a las personas, sin distinción alguna, de los abusos o cualquier forma de vulneración de sus derechos por parte de las instituciones públicas (o privadas, prestadoras de servicios públicos) o de las y los servidores que trabajan en ellas. En ese sentido, fue equivocada la afirmación de alguna autoridad gubernamental hace ya casi una década, cuando dijo que porque el pueblo está en el gobierno ya no hace falta un Defensor del Pueblo.
La fuerza de la Defensoría del Pueblo reside menos en sus atribuciones constitucionales, que no son pocas ni menores, que en la legitimidad e idoneidad de su máxima autoridad ejecutiva, de ahí que se dice que lo suyo es la magistratura de la persuasión. Puede interponer amparos constitucionales e iniciar otras formas de acción judicial, pero también, y sobre todo, debe actuar como mediador en toda clase de conflictos, y aunque no está escrito en ninguna parte, debe ponerse del lado de los débiles y vulnerables.
La gestión que ahora acaba ha tenido luces, pero también sombras, y quienquiera que suceda a Rolando Villena en el puesto debe tener eso bien claro, para reforzar los aciertos y, sobre todo, corregir los errores. A su vez, la Asamblea Legislativa debe hacer el mayor esfuerzo posible para asegurar que quien encarne al Defensor del Pueblo tenga las mejores credenciales para el puesto, a sabiendas de que su labor no es, ni puede ser, agradable para quienes administran (y a veces abusan) el poder en cualquiera de los ámbitos estatales.
