El Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) comenzó a aplicarse desde 2001 en el país y sigue vigente. Una medida apropiada, que cubre los gastos de atención médica hasta Bs 24.000 para los heridos en siniestros de tránsito, de fallecimiento e invalidez total o permanente; pero que a su vez representa un vía crucis, principalmente para las víctimas y sus familiares.
Varias son las trabas que se presentan al momento de aplicarse o cobrar el seguro, tal como lo evidenció el último reportaje de Informe La Razón (publicado el 18 de abril) con las fuentes relacionadas. Cuesta creer, pero es cierto que algunos médicos de clínicas u hospitales niegan ayuda a los heridos con el argumento de que no tienen espacio o tecnología, o por lo complejo que les resulta cobrar el seguro.
Un investigador de Tránsito informó que a principios de este año a pocos metros de un hospital, en el centro de la ciudad, un vehículo público sufrió un choque y dejó varios heridos. Todos estaban a un paso de un hospital para ser auxiliados, pero no los recibieron, y en otro centro solo se dio auxilio a los que contaban con un seguro de salud de sus fuentes laborales. El resto no tuvo suerte.
Seguramente los hospitales tienen sus propios argumentos, pero al final se juega con la salud de las personas y eso es lamentable. Se investigó además que en algunos casos los gastos de hospitalización sobrepasan la suma máxima del beneficio (cada centro maneja sus propios precios), y hasta se retiene a los pacientes después de que recibieron el alta médica hasta que cancelen la deuda acumulada; aunque existe gente que tras ser curada abandona el hospital sin pagar los saldos de la intervención.
Y no solo los pacientes, sus familiares deben soportar la lentitud de los trámites o deben pagar por anticipado a los centros para garantizar la atención médica. A esto se suma que cuando se excede los gastos del seguro, los conductores causantes del hecho prefieren ir a la cárcel que hacerse cargo.
Asimismo, algunos que viven fuera de la ciudad, principalmente en el área rural, hacen viajes constantes para continuar su trámite, y erogan el poco dinero que tienen. O al no tener la suficiente información, pueden ser engañados por terceros, quienes les hacen firmar papeles donde les autorizan a encargarse del trámite, y al final obtienen menos dinero del seguro.
Lamentablemente, nadie está libre de sufrir un hecho de tránsito, pero sería imprescindible difundir mayor información sobre la indemnización a las víctimas de accidentes viales y mejorar el trato hospitalario con las víctimas, sin que éstas salgan perjudicadas o sean engañadas.
