El miércoles, el Distrito 8 de El Alto amaneció con medio centenar de canes muertos desparramados por las calles, que habrían sido envenenados con raticida y estricnina, sustancias que provocan una prolongada y dolorosa agonía, según explican los expertos. Los vecinos sospechan que un grupo de antisociales habría cometido esta barbarie, con el propósito último de robar los domicilios, ya que las casas fueron marcadas con códigos que utilizan los delincuentes para este fin.
Este cruel y lamentable envenenamiento no debería quedar en la impunidad, y en tal sentido las autoridades deberían ejecutar acciones que permitan la identificación y sanción de los responsables. Pero también deberían impulsar políticas públicas orientadas a contrarrestar la perniciosa costumbre que manifiestan muchos vecinos de El Alto, al igual que de otras ciudades del país, de adoptar perros para que cuiden sus hogares y/o negocios, pero a la hora de alimentarlos y darles cobijo los dejan a su suerte, obligándolos a deambular por las calles en busca de agua y comida; sufriendo agresiones, frío y accidentes; adquiriendo y diseminando enfermedades. Una situación ciertamente insostenible (se estima que en El Alto hay cerca de 250.000 canes callejeros), que atenta contra la salud de la población y el bienestar de los propios perros.
