Desde hace semanas, el tema de la crisis brasileña ha llenado muchos espacios. Analicemos las causas para llegar a las consecuencias. Brasil llega al siglo XXI saliendo de una crisis económica importante de la mano del Plan Real del presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciador de una serie de medidas socioeconómicas de beneficio social que fueron profundizadas por su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y que conllevaron la salida de millones de personas de escasos recursos hacia una clase media emergente, y a la percepción generalizada de que Brasil se consolidaba como una potencia económica mundial, agrupándola dentro del denominado grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), todos caracterizados por rápidos crecimientos, grandes poblaciones y territorios y una participación expansionista en los mercados.
Para Brasil, su despegue económico de los últimos años significó una cada vez mayor consolidación de la imagen de éxito del presidente Lula da Silva y su modelo de desarrollo. Sin embargo, las luces ocultaban sombras que irían creciendo.
Entre 2004 y finales de 2013, Brasil se benefició del mayor y más prolongado ciclo latinoamericano de altos precios por sus commodities, gracias a las entonces insaciables importaciones de China e India y la mayor afluencia de capitales de inversión que huían de la contracción económica de Estados Unidos y Europa, motivados por las ganancias de los altos precios que beneficiaban a Latinoamérica, el periodo denominado como “la década maravillosa” o “la del big push”. Gracias a ese crecimiento —y al igual que otros países de la región que se beneficiaron con el boom de los precios de las materias primas como Venezuela—, el gobierno de Lula invirtió los altos ingresos eventuales en planes sociales sin buscar su sostenibilidad en desarrollo económico, primando lo social sobre lo económico. Como consecuencia de la combinación de diversos factores como la contracción de la economía china y la recuperación norteamericana, a los que luego se sumó la guerra de precios de petróleo desatada por Arabia Saudita, entre otros, el periodo de ingresos excepcionales finalizó y desde 2013 las economías latinoamericanas tuvieron que regresar a un panorama poco halagüeño.
La falta de reformas estructurales y el traspaso directo de dinero a amplios sectores de la población sin desarrollar la productividad impulsaron el retroceso de la economía brasileña desde 2013, crisis que se acentuó en 2014, año electoral, y que en 2015 se tradujo en la contracción del PIB en 3,5%. Si a ello se suma la institucionalización de graves estructuras de corrupción desde el Gobierno y sus instituciones, con complicidad del empresariado (desde el Mensalão en 2005 y hasta el Lava Jato), la pérdida de poder adquisitivo de la población (con el peligro de desaparecer la nueva clase media) y la necesidad de mantener un caudal electoral importante indujeron a las autoridades a utilizar ardides financieros de las cuentas públicas, expresados en el financiamiento del presupuesto federal por vías no autorizadas legalmente, con el fin de mantener planes sociales. En el campo electoral estas argucias permitieron la reelección de la Presidenta en octubre de 2014 por un escaso margen (3,28%) frente a su contendor, Aécio Neves. Además, permite entender el descontento de grandes sectores sociales contra la administración Rousseff y el proceso de impeachment presidencial que se ha iniciado.
Independientemente de cuál sea el desenlace del juicio político que muy probablemente se establecerá contra la Mandataria brasileña, la crisis económica y de gobernabilidad confirma, como en Venezuela y Argentina, entre otros, el fracaso del modelo asistencialista-prebendalista.
