Entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesta por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos. Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables está en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una comisión de la verdad?
Esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras los inició el general de la Fuerza Aérea René Barrientos Ortuño (1964–1969). Su gobierno fue llamado de restauración, por oposición a la revolución democrático-burguesa de 1952. Si bien no revirtió las conquistas fundamentales, se encargó de aplastar a obreros y estudiantes para reorientar el proceso a la derecha con su enfoque restaurador desarrollista. No es posible saber exactamente el número de víctimas de su asalto al poder y de su falsa constitucionalización en 1966. Pero, en los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) se documentan varios casos de desaparecidos y asesinados.
Entre otros huelga recordar a Isaac Camacho Torrico (desaparecido), dirigente minero apresado en Llallagua junto a otros dirigentes del Partido Obrero Revolucionario (POR), trasladado posteriormente a La Paz y enviado a la carceleta de la calle Pazos Kanki, donde Miguel Manchemberg, agente de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la CIA, terrorista y narco, lo habría asesinado. De acuerdo con el fiscal Víctor Hugo Ramírez, participaron en su desaparición José Abraham Baptista, Nabor Hinojosa Álvarez, Mario Landívar Leigue, Jaime Estrada Altamirano, Hernán Terán Mendizábal, Hugo Cabrera, Ignacio Méndez Bazán, Alberto Zamorano y Antonio Borda. Además, por vinculaciones con el narcotráfico asociados al caso, Baptista ordenó involucrar a Juan Vélez, José López, Ricardo Baeza, Roberto Estepovich, Miguel Maremberg, Humberto Franco, Eduardo Rico, Vicente Aguilar, Juan Álvarez, Rodolfo Aráoz, David Salinas y a René Quisbert.
Luego tenemos el caso de Avelino Condori Castro, minero de Colquiri desaparecido en 1966. Miliciano y militante del Partido Revolucionario Auténtico (PRA), fue apresado por un oficial del Ejército y el gerente de Colquiri. También está el caso del compañero Honorio Pérez Argandoña, desaparecido el 4 de noviembre de 1964, minero y fabril de la industria de la goma (Fábrica Nacional de Productos de Goma Beni), militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
En el contingente del Che estaba Aniceto Reynaga Gordillo (desaparecido). Se dice que cayó en la Quebrada del Churo y murió en La Higuera en 1967. No se entregaron los restos. El radialista Juan Rivera Ayaviri, desaparecido, fue detenido por civiles y uniformados en 1975 en Argentina. Estaba exiliado en Mar del Plata desde 1966 y desapareció con el Dr. Gustavo Medina Ortiz. De Lorgio Vaca Marcheti (desaparecido), cruceño militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), secretario general de la Juventud Comunista que recibió preparación en Cuba en 1963, se dice que murió en Ñancahuazú y no se entregaron sus restos. Entre los asesinados destaca Santiago Mamani Anagua, minero masacrado por el Ejército en 1965 en el lugar llamado “Portillo”. Hasta la fecha no se ha esclarecido la verdad de los hechos ni juzgado a los responsables. Por ellos y por muchos más ¡comisión de la verdad ya!
