Además de tener que lidiar con un sistema judicial que opera en gran medida con base en la extorsión, a través de consorcios de jueces, fiscales y abogados especializados en lograr fallos según las posibilidades financieras del cliente, los que se ven envueltos en procesos legales corren el riesgo de caer en manos de falsos abogados, quienes no solo gustan de espoliar a sus clientes —al igual que los juristas “reales”—, sino que además corren el elevado riesgo de que los fallos a su favor sean anulados, si se descubre el engaño de sus “defensores”.
Tanto es así que hasta la fecha se han anulado 200 procesos de tan solo tres falsos juristas que ejercían de manera ilegal la abogacía desde 2009 en La Paz y Trinidad, y se investigan al menos otras 16 denuncias del mismo tipo en todo el país. A pesar del tremendo daño que estos “abogados” han causado a cientos de personas, la máxima sentencia que enfrentan es de apenas dos años de detención.
Estos hechos son sencillamente síntomas de la aguda crisis que atraviesa, desde sus albores, el sistema judicial del país, y que en los últimos años se ha profundizado al extremo de ser considerado por la ciudadanía como una organización cuasidelictiva dedicada a “recaudar” dinero antes que a impartir justicia.
